La controversia por el escenario donde se cumpliría la ceremonia de posesión del nuevo Presidente de la República el próximo 7 de agosto podría ser considerada como una confrontación de caprichos y de egos entre el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, y el saliente Gustavo Petro, de no ser porque sus implicaciones transitan por una peligrosa línea para la democracia, que ambos aseguran defender.
La decisión del nuevo líder de la derecha colombiana de asumir su cargo en una guarnición militar, para lo cual logró la inédita aprobación del Senado de trasladar su sede al departamento del Cauca, que ahora debe ser modificada para que la ceremonia se realice en Cali, motivó la reacción del presidente Petro, dirigente de la izquierda, de no autorizar el uso de ninguna de las instalaciones castrenses en el país, mientras él sea el comandante supremo de la Fuerza Pública.
En una extensión del lenguaje y acciones hostiles que predominaron durante la campaña electoral, seguidores de uno y otro cerraron filas para justificar y defender los argumentos expuestos por cada bando y banalizaron el debate como si se tratara simplemente de la disputa por el lugar para celebrar una fiesta quinceañera.
La singular disputa remite al tristemente célebre episodio del ‘Florero de Llorente’ y su incidencia en nuestra convulsionada historia independentista, con el agravante de involucrar ahora principios esenciales de la estabilidad democrática consagrados en la Constitución Política de Colombia: la subordinación de los militares al poder civil, y que “la Fuerza Pública no es deliberante”.
Los altos mandos militares están presionados a intervenir y tomar partido en un debate de carácter eminentemente político; si toman la decisión de apoyar a su próximo comandante supremo de tomar juramento en uno de los cuarteles, tendrían que incurrir necesariamente en un acto de insubordinación o de desobediencia a su legítimo comandante actual. Sería altamente riesgoso para la institucionalidad, que sea el propio presidente el electo quien ofrezca esa posibilidad.
A pesar de imborrables episodios violentos ejecutados articuladamente entre el poder civil y militar, los uniformados colombianos se han declarado civilistas; incitarlos de manera ingenua o predeterminada a la desobediencia, sería un error histórico. Una eventual insubordinación militar podría durar pocos minutos, pero sus consecuencias causarían heridas profundas en la democracia, que tardarían décadas en sanar.
Son varias las voces no petristas, algunas inclusive de la derecha moderada, que reconociendo la legitimidad del nuevo mandatario han solicitado que su ceremonia de posesión se cumpla en el lugar que determina la Constitución y la Ley, a la cual podría invitar a muchos militares y Policías para hacerles efectivo su deseado homenaje, e inclusive una vez tomando su juramento y en ejercicio formal del poder, podría pernoctar esa misma noche en el cuartel de su preferencia. Aún existe incertidumbre sobre la decisión final que tomará el presidente electo para conservar la idea original de su posesión, la discusión no solo se debe dar respecto a un espacio físico, sino lo que éste pueda representar para el presente y futuro de la democracia colombiana.