En Cartagena hablamos con frecuencia de densidad poblacional, ocupación del suelo e índices de construcción, pero casi nunca de densidad vehicular: el número de vehículos que un territorio puede soportar, tanto en circulación como estacionados, sin colapsar su movilidad ni deteriorar la calidad de vida de quienes lo habitan.
Bocagrande, Castillogrande y El Laguito conforman una península con una condición inmodificable: su espacio físico no puede crecer. Sus vías tienen una capacidad limitada, sus intersecciones también y los parqueaderos son finitos. Sin embargo, cada año aumentan los edificios, los hoteles, las viviendas turísticas y la población flotante. Con ellos también crece el número de vehículos que entran y salen diariamente, sin que exista un debate público sobre el impacto acumulado que esa carga genera sobre un territorio limitado.
Así como un ascensor tiene una capacidad máxima y un teatro un aforo determinado, una zona urbana también posee un límite de carga. Superarlo no solo produce trancones. También incrementa la contaminación visual, del aire y el ruido, invade el espacio público, reduce la productividad, dificulta la movilidad de los residentes y aumenta los tiempos de respuesta de ambulancias, bomberos y organismos de emergencia. A esto se suma un efecto que pocas veces se menciona: una ciudad congestionada proyecta desorden. Para un destino turístico internacional como Cartagena, esa no es la imagen que deberíamos ofrecer.
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GERMÁN BAHAMÓN JARAMILLOLa pregunta, entonces, es sencilla pero fundamental: ¿ha determinado el Distrito cuál es la densidad vehicular máxima que puede soportar esta península? Si ese estudio existe, los ciudadanos tenemos derecho a conocerlo. Si no existe, surge una inquietud aún más preocupante: ¿sobre qué criterios técnicos se siguen autorizando nuevas edificaciones, hoteles y desarrollos urbanísticos? ¿Cómo se aprueba mayor carga urbanística sin conocer primero la capacidad real de la infraestructura vial y del espacio disponible para estacionar?
Así las cosas, le pregunto formalmente al DATT, Planeación Distrital, Espacio Público, el Concejo Distrital, las Curadurías Urbanas y las Juntas de Acción Comunal si existen estudios sobre la capacidad vehicular de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito; cuántos parqueaderos públicos y privados existen actualmente; cuántos se requieren según las proyecciones de crecimiento; y cuáles son los estudios técnicos que respaldan las decisiones urbanísticas que continúan aumentando la presión sobre la movilidad de la península.
La discusión ya no puede limitarse a construir más vías. Debemos empezar a administrar mejor un territorio con límites físicos evidentes. Cartagena necesita fortalecer el transporte público, desincentivar el uso indiscriminado del vehículo particular, prohibir la circulación de mototaxis en la península e implementar sistemas inteligentes que permitan informar cuándo se alcanza la capacidad vehicular máxima para restringir temporalmente el ingreso de automóviles particulares, tal como ocurre en varias ciudades del mundo.
También debemos cambiar nuestra manera de entender el parqueadero. No es un derecho automático asociado al uso del automóvil. Es un recurso urbano escaso que debe planificarse, administrarse y cobrarse adecuadamente. Mientras sigamos creyendo que todos tenemos derecho a estacionar donde queramos, el espacio público seguirá siendo la primera víctima del desorden.
La situación es todavía más evidente por estos días, cuando las obras viales (que celebro), los cierres de calles y los contraflujos han reducido aún más la capacidad de circulación en la península. Las medidas efectivas de mitigación no dan espera y la improvisación ya no es una opción.
Cartagena no puede seguir planeando el crecimiento de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito sin conocer primero el límite de su capacidad vehicular. Toda política de desarrollo urbano debería partir de esa información. De lo contrario, seguiremos autorizando nuevas cargas sobre una infraestructura que muestra señales claras de agotamiento.
La pregunta dejó de ser retórica. Es una pregunta de planificación, de sostenibilidad y de responsabilidad pública: ¿cuántos carros caben realmente en Bocagrande? La ciudad necesita conocer la respuesta.