Desde la promulgación de la actual Constitución, la corrupción ha acompañado, con distintos nombres y protagonistas, a casi todos los gobiernos colombianos: el Proceso 8000, la yidispolítica, Odebrecht, la ñeñepolítica y, ahora, los escándalos tocan al primer gobierno de izquierda. La paradoja es evidente: el movimiento que edificó buena parte de su capital político denunciando la corrupción y que llegó al poder con la promesa de que “los recursos públicos son sagrados” enfrenta hoy las mismas acusaciones. Cambian los gobiernos, pero el problema permanece
No se trata de una casualidad. La corrupción ha acompañado a la política desde sus orígenes. Aristóteles vio en ella la degradación del buen gobierno; Cicerón, la descomposición de la vida pública; Hobbes, una amenaza que socaba el contrato social y la convivencia; Montesquieu, la pérdida del principio moral que anima a los gobiernos, y Rousseau, la victoria del interés particular sobre la voluntad general. La pregunta, entonces, no es por qué aparece, sino por qué algunos países logran contenerla y otros parecen condenados a repetirla.
La experiencia internacional demuestra que no existe una fórmula única para combatirla. Singapur fortaleció la certeza del castigo y la capacidad disuasoria del Estado; Hong Kong combinó controles institucionales con educación ciudadana; Estonia redujo drásticamente las oportunidades de corrupción mediante la digitalización de casi todos los servicios públicos, y Suecia consolidó una cultura de transparencia en la que el escrutinio ciudadano y la sanción social convierte la honestidad en una exigencia cotidiana.
Todas esas experiencias comparten una misma enseñanza: la corrupción no es únicamente un problema penal; es un fenómeno sistémico en el que interactúan los incentivos institucionales, la probabilidad real de ser sancionado y la cultura política de una sociedad.
Ese es, precisamente, el gran déficit colombiano: la probabilidad efectiva de recibir una sanción continúa siendo baja. Las investigaciones no finalizan, abundan los beneficios procesales y la recuperación de los recursos públicos sigue siendo excepcional. A ello se suma una cultura que normaliza la llamada ‘viveza criolla’, donde expresiones como ‘Papaya puesta, papaya partida’ terminan justificando pequeñas transgresiones que progresivamente erosionan la ética pública.
Si queremos realmente librar una batalla eficaz contra la corrupción, no bastará con anunciar penas más severas. La experiencia internacional demuestra que la corrupción disminuye cuando deja de ser un negocio rentable y, al mismo tiempo, deja de ser una conducta socialmente tolerada. Para lograrlo será indispensable aumentar la certeza del castigo mediante investigaciones oportunas y sanciones efectivas; simplificar y digitalizar los trámites que generan espacios de discrecionalidad; y, sobre todo, promover una cultura de integridad que se aprenda en la escuela, se practique en la función pública y se exija desde la ciudadanía. La verdadera derrota de la corrupción no es en los tribunales, sino mucho antes: cuando la honestidad deja de ser una virtud excepcional y se convierte en una expectativa y una práctica colectiva.