Cuarto año consecutivo. Así llega la advertencia de la Contraloría General de la República sobre el Presupuesto General de la Nación: por cuarta vigencia seguida, el organismo de control encuentra apropiaciones sin ingresos ciertos que las respalden. Esta vez la cifra es $30,2 billones, dentro de un proyecto de $575,7 billones que el Gobierno de Gustavo Petro radicó antes de dejar el poder.
El dato tiene una particularidad que no siempre se explica bien: quien presenta el proyecto no es quien lo termina de tramitar. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobar en plenarias el Presupuesto 2027, antes de la sanción presidencial. Todo ese trámite corre bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella, no bajo el que lo radicó: el presupuesto con un déficit de $30,2 billones es el mismo que el nuevo Gobierno deberá ajustar, defender o corregir en el camino.
El análisis también agrega que los mayores riesgos para Bolívar se concentran en agricultura, energía, ambiente, transporte regional y vivienda, mientras los mayores espacios de oportunidad están en inclusión social, formación para el trabajo, tecnologías de la información, turismo y educación.
Uno de los golpes más fuertes para el Caribe está en Minas y Energía, que cae de $13,4 a $7,5 billones, un recorte de 43,7 %. Lo he dicho antes, cuando denunciamos las cifras de Superservicios que ubican a Bolívar con nueve de los diez municipios con peor servicio del país, y lo repito ahora: el mal servicio y las altas tarifas de energía en el Caribe tienen origen, en buena parte, en las deudas que la Nación arrastra con las empresas del sector. Mientras esas deudas de subsidios y opción tarifaria sigan sin apropiación real, no hay margen para invertir en redes ni para bajar las horas de racionamiento que hoy soportan municipios del sur de Bolívar.
Solo en Tiquisio, el municipio con mayor duración de interrupciones por usuario del país según ese reporte, los usuarios acumularon más de 800 horas al año sin energía, con lo que eso implica para los negocios que dependen de refrigeración, para el estudio de los niños en las noches y para la conservación de medicamentos en los hogares.
Por eso insisto en algo que ya he planteado en el debate sobre la crisis energética del Caribe: el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene la oportunidad de incluir en este trámite la apropiación real para saldar la deuda tarifaria y de subsidios de energía. Se trata de completar una tarea que el Gobierno anterior dejó pendiente y que el Caribe ya pagó con apagones.
A esa exigencia sobre la energía se suma otra, igual de urgente para Bolívar: que el Gobierno Nacional siga apostando por los megaproyectos que durante años se han quedado sin ejecutar, como el Canal del Dique, la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, la construcción del nuevo aeropuerto de Bayunca, las universidades pendientes en el departamento y la terminación de la vía Perimetral en Cartagena de Indias, entre otros. Son las obras que el departamento lleva esperando por gobiernos anteriores.
Y aquí seguiré yo, desde la Cámara de Representantes, defendiendo a los bolivarenses, alzando la voz, imparable.
Representante a la Cámara por Bolívar.