Hace poco escribí sobre algunas de las leyes especiales que Colombia ha expedido para Cartagena y que, pese al paso de los años, todavía esperan un desarrollo más pleno. Allí planteaba una reflexión sencilla: las leyes no fueron hechas solamente para celebrarlas cuando se aprueban, sino para cumplirlas y convertirlas en realidad.
Quiero continuar esa conversación desde otra perspectiva: no solamente desde las normas que deben desarrollarse, sino desde las competencias que esas mismas normas le han reconocido a Cartagena y las dificultades que, en la práctica, enfrenta la ciudad para ejercerlas plenamente.
Por mi humilde experiencia en el Legislativo y en el Ejecutivo he podido conocer de cerca una realidad frecuente de nuestro Estado territorial: una cosa es que la Constitución o la ley reconozcan una competencia y otra muy distinta disponer de los instrumentos y de la autonomía administrativa necesarios para ejercerla efectiva y oportunamente.
Colombia inicia un nuevo Gobierno Nacional que ha expresado su propósito real de acercarse a las regiones, escuchar a gobernadores y alcaldes y construir con los territorios buena parte de su agenda. Debemos aprovechar esta nueva etapa.
Cartagena podría poner sobre la mesa una agenda que vaya más allá de solicitar obras y recursos: revisar junto con la Nación cómo hacer efectivas las competencias especiales que las leyes ya le reconocieron.
Son lo que podríamos llamar “las competencias dormidas de Cartagena”.
No porque no se hayan querido ejercer, sino porque muchas veces su ejercicio depende de conceptos, permisos, autorizaciones o decisiones de distintas entidades nacionales.
Cartagena es Distrito Especial, Turístico y Cultural. No como un simple título honorífico. Nuestra historia, patrimonio, condición marítima y portuaria, riqueza ambiental y vocación turística justifican un régimen diferente. Precisamente por ello fueron expedidas normas como las leyes 768 de 2002 y 1617 de 2013.
Un primer ejemplo es nuestro patrimonio.
La Ley 1617 de 2013, en sus artículos 97 a 104, establece un régimen especial para el patrimonio de los distritos. En particular, el artículo 100 reconoce a las autoridades distritales atribuciones relacionadas con el manejo, administración y control de bienes pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de la Nación ubicados dentro de su jurisdicción; y el artículo 101 permite que las autoridades distritales asuman la administración de museos, castillos, fuertes, baluartes, murallas y otros bienes integrantes del patrimonio artístico, histórico y cultural de la Nación.
Es difícil encontrar disposiciones más directamente relacionadas con Cartagena.
Sin embargo, para determinadas intervenciones sobre esos bienes siguen siendo necesarios trámites y autorizaciones del orden nacional.
No se trata de pedir menos protección para nuestro patrimonio. Se trata de preguntarnos si, bajo reglas técnicas claras y concertadas con la Nación, Cartagena podría realizar con mayor autonomía actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación, reservando al nivel nacional aquellas decisiones que realmente requieran su intervención.
Algo semejante ocurre con nuestras playas, nuestro mar y lugares como Barú, Playa Blanca y las Islas del Rosario.
Allí confluyen turismo, protección ambiental, comunidades, navegación, transporte marítimo, seguridad, servicios públicos y conservación de ecosistemas. También confluyen numerosas autoridades nacionales y territoriales.
Todas tienen responsabilidades legítimas. Colombia necesita una autoridad marítima nacional y nuestros ecosistemas requieren especial protección del Estado.
La discusión no consiste en desconocer esas competencias, sino en preguntarnos si el modelo actual permite a Cartagena participar de manera suficientemente efectiva en las decisiones sobre territorios que repercuten directamente en sus habitantes, su economía y su principal actividad turística.
Un tercer ejemplo, aparentemente distinto, demuestra que el problema va más allá del patrimonio o las playas.
El Distrito realizó una importante inversión para renovar la flota de Transcaribe. Los nuevos vehículos llegaron a Cartagena, pero antes de entrar en operación deben cumplir procedimientos de nacionalización, homologación, inspección, alistamiento y otras actuaciones ante entidades nacionales.
Naturalmente, nadie propone eliminar los controles técnicos, aduaneros o de seguridad.
Pero este caso permite formular una pregunta: ¿podrían esos procedimientos coordinarse y agilizarse cuando se trata de bienes adquiridos por una entidad territorial para prestar un servicio público que necesita el ciudadano?
Porque el centralismo también puede estar en los trámites.
Una entidad territorial puede tener la competencia, los recursos y la voluntad para resolver un problema y, sin embargo, depender de una cadena de decisiones administrativas nacionales antes de poder hacerlo.
Descentralizar no significa eliminar controles. Significa acercar las decisiones al ciudadano sin sacrificar las garantías que esos controles buscan proteger.
Por eso considero especialmente oportuno plantear esta discusión ahora.
Cartagena no debería llegar a la relación con el nuevo Gobierno únicamente con una lista de obras o solicitudes presupuestales. También debería llevar una agenda de autonomía y descentralización.
Podría construirse conjuntamente entre la Administración Distrital, nuestros congresistas, el Concejo, las universidades, los gremios y las organizaciones sociales un inventario de las competencias especiales reconocidas a Cartagena: cuáles se ejercen plenamente, cuáles encuentran obstáculos administrativos, cuáles requieren reglamentación y cuáles deberían ser objeto de una nueva descentralización.
No queremos menos Nación en Cartagena.
Queremos una Nación más cerca de Cartagena y una Cartagena con mayor capacidad para decidir oportunamente sobre sus propios asuntos.
El nuevo Gobierno nacional va gobernar con las regiones, aquí existe una oportunidad concreta para demostrarlo.
Sin confrontaciones. Sin desconocer las competencias nacionales. Pero también sin resignarnos a que la descentralización sea solamente una declaración escrita en nuestras leyes.
Cartagena está preparada en estos momentos para asumir mayores responsabilidades. Muchas ya están reconocidas. Otras necesitan desarrollarse. El momento parece propicio. Es hora de despertar las competencias de Cartagena.