Hay tragedias que se miden en cifras, y hay otras que obligan a un país entero a mirarse al espejo. El terremoto que sacudió el centro y suroccidente de Colombia el pasado 10 de agosto pertenece a las dos categorías. Dejó muerte, dolor y destrucción, pero también puso a prueba la capacidad del Estado para responder cuando la vida de cientos de miles de colombianos cambia en cuestión de segundos.
Con corte al 17 de agosto, 289 compatriotas habían fallecidos, 4.187 se encontraban heridos, 143 desaparecidos y una tercera parte del territorio nacional afectada: 450 municipios de 15 departamentos. Detrás de esos números hay algo todavía más difícil de administrar que el duelo: 120.328 familias registradas como damnificadas, 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas. Son cifras que no caben en una estadística, porque detrás de cada una hay una familia que perdió su casa, un niño que dejó de ir a la escuela y una comunidad que hoy intenta reconstruir lo que durante años construyó con esfuerzo.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la reconstrucción costará cerca de 30 billones de pesos, unos 9.500 millones de dólares, y declaró la emergencia económica para poder movilizar esos recursos con la agilidad que la tragedia exige. Es una decisión acertada y oportuna, y el país debe reconocerla como tal.
El problema no es equivocarse, es que no dejamos hacerlo
John Linares GómezEl Gobierno ha actuado hasta ahora con una prudencia que merece destacarse. El presidente ha insistido en que las cifras siguen siendo preliminares y en que, por respeto a las víctimas y a sus familias, solo comunicará datos debidamente consolidados. En un país acostumbrado a que los gobiernos maquillen tragedias o inflen cifras para figurar en la fotografía de la solidaridad, esa cautela es un gesto de seriedad institucional que hay que valorar y exigir que se mantenga en cada etapa de la reconstrucción.
Precisamente porque el rumbo que ha tomado el Gobierno es el correcto, vale la pena insistir en el terreno donde se juega el verdadero éxito de esta tarea: la ejecución sostenida de los recursos. Colombia ha vivido otros momentos de emergencia en los que el anuncio inicial fue generoso y la voluntad política genuina, pero la implementación se fue diluyendo con el paso de los meses por falta de un sistema claro de seguimiento. Ese riesgo no es una crítica al gobierno actual; es una lección histórica que este Gobierno tiene la oportunidad de romper, y todo indica que tiene la disposición para hacerlo.
La recomendación es sencilla y va en la misma dirección que ya ha marcado el presidente: sostener la transparencia con la que se comunicaron las cifras de víctimas también en la comunicación de la ejecución del gasto. Que el país pueda ver, con la misma claridad con la que conoció el número de viviendas destruidas, cuántas se han entregado, en qué plazo y con qué estándares de construcción. Esa trazabilidad no debilita al Gobierno, lo fortalece, porque convierte cada peso invertido en un argumento a su favor frente a quienes buscarán capitalizar políticamente cualquier demora natural en un proceso de esta magnitud.
La vivienda debe seguir siendo, como ya lo ha planteado el propio Gobierno, el eje central de esta etapa. El subsidio anunciado debe llegar primero a quien perdió su único techo y debe traducirse en construcciones con estándares sismorresistentes verificables, para que la inversión no solo repare lo perdido, sino que además deje a esas comunidades mejor preparadas que antes.
Ese es, además, el mensaje que el país necesita transmitir hacia afuera. La cooperación internacional que ya ha llegado, con equipos de rescate y suministros de varios países, y la generosidad de la sociedad civil, como el compromiso de Shakira y Howard Buffett con la reconstrucción educativa en el Chocó, responden mejor cuando perciben un Estado que coordina con método y que puede mostrar resultados verificables.
Reconstruir después de un terremoto no consiste únicamente en levantar paredes y reparar carreteras. Significa recuperar comunidades, devolverles oportunidades a las familias y garantizar que quienes hoy lo perdieron casi todo puedan volver a construir un proyecto de vida. Por eso, los próximos meses serán tan importantes como los primeros días de emergencia.
Colombia tiene ante sí una oportunidad de demostrar que puede reconstruirse con la misma seriedad con la que este Gobierno ha manejado hasta ahora la comunicación de la tragedia. El respaldo del país a esta tarea será mayor en la medida en que la ejecución de los recursos mantenga el mismo estándar de rigor y transparencia que ya se ha visto en el manejo de las cifras.
El terremoto dejó una Colombia herida. Ahora comienza la tarea de demostrar que también puede dejar una Colombia más fuerte, más preparada y capaz de responderle a quienes más necesitan del Estado. Ese será el verdadero desafío después del terremoto.