Hace más de dos décadas se puso en marcha la Bocana de Marea Estabilizada para conectar el Mar Caribe con la Ciénaga de la Virgen. La obra buscaba mejorar el intercambio de aguas, recuperar condiciones ambientales. La experiencia dejó una enseñanza: una obra hidráulica no garantiza la restauración. El resultado depende del saneamiento, mantenimiento y gestión territorial. También exige seguimiento ambiental permanente y decisiones basadas en evidencia. La infraestructura debe estar al servicio del territorio, y no reemplazar su restauración.
Los diagnósticos técnicos permiten entender esa diferencia. La Bocana favorece el intercambio de agua, pero no sustituye el control de las fuentes de contaminación. Mientras persistan vertimientos, la calidad del agua dependerá de acciones complementarias. Restaurar exige controlar la contaminación, proteger ecosistemas y recuperar procesos naturales que sostengan el ecosistema. El conocimiento comunitario debe complementar los estudios y ayudar a identificar impactos.
Los impactos ambientales deben analizarse integralmente. La alteración de la calidad del agua, la degradación de hábitats, la presión sobre los manglares y la transformación de las dinámicas naturales afectan los servicios ambientales. A ello se suma el crecimiento urbano desordenado. Cuando se rellenan, ocupan o impermeabilizan áreas que almacenan y conducen agua, se modifican los drenajes y aumenta el riesgo de inundaciones. La prevención debe prevalecer sobre la corrección de daños ya causados.
El impacto también es socioeconómico. En territorios donde familias dependen de la pesca artesanal, la agricultura u otras actividades relacionadas con el agua, cualquier transformación puede afectar sus medios de vida. Por eso, los proyectos no deberían medirse solo por obras. También deben evaluar empleo, vivienda y condiciones de vida. La seguridad hídrica debe estar ligada a la seguridad social y económica.
Aquí aparece una condición esencial: la participación efectiva de las comunidades. Quienes habitan el territorio poseen conocimientos sobre ciclos del agua, actividades productivas y riesgos que no siempre aparecen en los estudios técnicos. Su participación debe acompañar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Esto fortalece la legitimidad. El desarrollo regional debe respetar los derechos y las dinámicas propias del territorio.
Ese aprendizaje cobra mayor importancia frente al proyecto de restauración ambiental del Canal del Dique, que contempla esclusas, conexiones, obras de protección contra inundaciones y dragados. Sus objetivos son reducir inundaciones, mejorar la navegabilidad y contribuir a la recuperación ambiental; pero una intervención de esta magnitud no puede concentrarse solo en la ingeniería. Debe articularse con saneamiento, ordenamiento territorial.
Para evitar repetir errores, propongo tres condiciones. Primera: saneamiento y control de vertimientos, porque ninguna obra hidráulica resuelve por sí sola la contaminación. Segunda: ordenamiento territorial con protección de habitantes tradicionales y ecosistemas. La valorización del suelo, sin medidas de protección, puede generar gentrificación, desplazamiento y despojo de medios de vida. No se trata solo de perder una vivienda, sino actividades, cultura y formas de habitar. Las decisiones públicas deben garantizar transparencia, control y rendición de cuentas.
Esta no es una columna contra la inversión pública, gobernantes; es una defensa de las obras completas. Una compuerta, una esclusa o un dragado pueden ser necesarios, pero no constituyen por sí mismos una restauración ecológica. Restaurar significa recuperar funciones ambientales y proteger la vida territorial ancestral con justicia. Aún estamos a tiempo de convertir el Canal del Dique en una política de restauración técnica, ambiental y social, donde el desarrollo no signifique despojo y preservar la vida de la comunidad local. La restauración debe incluir justicia territorial real.