En mis últimas columnas he venido planteando algunas reflexiones sobre Cartagena, Bolívar y el Caribe frente a las oportunidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
Primero me referí a las leyes especiales expedidas para Cartagena y a la necesidad de desarrollarlas plenamente. Después hablé de las que denominé “competencias dormidas”: atribuciones que existen jurídicamente, pero cuyo ejercicio muchas veces tropieza con permisos, conceptos, autorizaciones y decisiones de distintas entidades. Más recientemente analicé el proyecto de creación de la Región Entidad Territorial —RET Caribe— como una oportunidad para avanzar hacia una descentralización con instrumentos más efectivos.
Ahora aparece otra iniciativa que merece nuestra atención: el Proyecto de Ley de Competitividad, impulsado por el Gobierno Nacional para simplificar, racionalizar, digitalizar e interconectar numerosos trámites del Estado.
Hay que reconocer una realidad: en Colombia la tramitología puede llegar a ser verdaderamente engorrosa. No siempre porque falten normas, sino porque intervienen muchas entidades, se repiten documentos, existen procedimientos sucesivos y los tiempos administrativos terminan afectando al ciudadano, al empresario y a la inversión.
Por eso considero positivo que el Gobierno Nacional haya tomado esta iniciativa y, además, haya decidido imprimirle prioridad a su discusión mediante mensaje de urgencia.
Esta figura, prevista en el artículo 163 de la Constitución y desarrollada por la Ley 5ª de 1992 —Reglamento del Congreso—, busca acelerar el trámite legislativo. La respectiva Cámara debe decidir sobre el proyecto dentro de los treinta días siguientes y, si el Gobierno lo solicita cuando se encuentra en comisión, las comisiones correspondientes de Senado y Cámara pueden deliberar conjuntamente para surtir el primer debate.
Es una señal importante de la prioridad que el Gobierno quiere otorgarle a una reforma que toca problemas cotidianos de ciudadanos y empresarios.
Simplificar no significa eliminar controles ni debilitar al Estado. Significa hacerlo más eficiente, coordinado y cercano a quienes necesitan una respuesta oportuna.
El proyecto parte de una regla sencilla pero trascendental: el ciudadano no debería entregarle repetidamente al Estado información que el propio Estado ya posee. Por eso impulsa la interoperabilidad entre entidades, la actuación electrónica y la eliminación de requisitos duplicados.
Para Cartagena este propósito tiene especial importancia.
Somos una ciudad portuaria, industrial, turística y plataforma fundamental del comercio exterior colombiano. El proyecto fortalece la Ventanilla Única de Comercio Exterior y pretende que las distintas autoridades compartan información, coordinen sus actuaciones y eviten inspecciones, verificaciones y requerimientos repetidos cuando ello sea técnica y jurídicamente posible.
Esto guarda relación directa con lo que he venido planteando sobre las competencias dormidas de Cartagena.
En ocasiones, el problema no consiste en que el territorio carezca de competencias, recursos o voluntad, sino en que para actuar debe superar una sucesión de procedimientos ante diferentes autoridades.
El centralismo también puede estar en los trámites.
Y esta iniciativa, aunque no descentraliza competencias ni elimina los necesarios controles nacionales, sí puede contribuir a que las distintas entidades actúen de manera simultánea, coordinada y oportuna.
También son importantes las medidas dirigidas a facilitar la creación y funcionamiento de las empresas mediante la Ventanilla Única Empresarial y la reutilización de información que ya existe en registros oficiales.
Otro capítulo particularmente relevante para Cartagena y Bolívar es el del licenciamiento urbanístico. Se propone concentrar las observaciones, consultar directamente información disponible en otras entidades y diferenciar procedimientos de acuerdo con la complejidad y el riesgo.
Esto no significa desconocer nuestras normas urbanísticas, ambientales, patrimoniales o de seguridad. Se trata de hacer eficiente el procedimiento sin disminuir las garantías.
Igualmente, la digitalización de actuaciones notariales, registrales y catastrales puede reducir tiempos en compraventas, créditos, vivienda e inversiones inmobiliarias.
Cartagena y Bolívar deberían participar activamente en esta discusión.
La Alcaldía, la Gobernación, la Cámara de Comercio, los gremios, el sector portuario, los constructores, empresarios y universidades conocen cuáles son los trámites que generan mayores demoras y costos en nuestro territorio. Esa experiencia puede enriquecer el debate legislativo.
Las leyes especiales de Cartagena, sus competencias pendientes de pleno desarrollo, la futura RET Caribe y ahora el Proyecto de Ley de Competitividad tienen un hilo común: lograr que las instituciones respondan con mayor oportunidad a las necesidades de los territorios y de los ciudadanos.
Hay que reconocerle al Gobierno Nacional el haber puesto sobre la mesa este problema y haber decidido darle prioridad legislativa.
Porque un Estado puede tener buenas normas y buenas instituciones, pero si sus procedimientos son lentos, repetitivos y desarticulados, termina afectando las oportunidades que pretende promover.
La competitividad también comienza por un Estado que simplifique, coordine y decida oportunamente.