Llevamos varios años llamando la atención sobre la trayectoria que venían siguiendo las finanzas públicas del país. Distintas señales mostraban un deterioro creciente que no siempre quedaba reflejado integralmente en las cifras fiscales, ni recibía la atención que merecía.
El nuevo Proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno Nacional para 2027 tiene un mérito fundamental: permite comenzar a dimensionar con mayor claridad la verdadera situación de las finanzas públicas colombianas. En ese sentido, representa un paso importante hacia una mayor transparencia, seriedad y responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas.
Es cierto que asciende a $634,9 billones, equivalentes a 29,9% del PIB, pero más importante que su tamaño es entender qué explica esa cifra y qué nos dice sobre la situación fiscal del país.
Del total, $392,6 billones corresponden a funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y apenas $87 billones a inversión. Frente a 2026, el servicio de la deuda aumenta 54,7%, mientras la inversión se reduce 2,8%. Estas dos cifras, vistas conjuntamente, muestran con enorme claridad la restricción fiscal que enfrenta Colombia: cada vez una mayor proporción de los recursos disponibles debe destinarse a atender obligaciones ya adquiridas y queda menos espacio para financiar inversión y crecimiento.
Es especialmente importante contar con la certeza de que la actualización del Plan Financiero se sustenta en fuentes de ingreso ciertas y reconoce gastos determinados por la Constitución y la ley. La nueva formulación deja de incorporar $30,2 billones de recursos contemplados en la formulación anterior y muestra un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central de 9,4% del PIB, junto con una deuda neta proyectada de 66,2% del PIB.
Hay una precisión que resulta indispensable para entender correctamente estas cifras. Que hoy aparezca un déficit mucho mayor al estimado anteriormente no significa que las finanzas públicas se hayan deteriorado en unas pocas semanas. Significa, fundamentalmente, que ahora estamos reconociendo obligaciones, necesidades de financiación y una realidad fiscal que ya existían.
Sincerar las cuentas no crea el problema; nos permite conocer su verdadera dimensión.
Por esto, este presupuesto debe analizarse menos como un programa ordinario de gasto para 2027 y más como el punto de partida de una operación de estabilización fiscal. El desafío no consiste simplemente en lograr que las cuentas cierren el próximo año. Colombia necesita construir una senda creíble de recuperación para varios años, con objetivos claros de déficit, deuda, gasto e inversión.
El déficit de 9,4% del PIB es, sin duda alguna, extraordinariamente alto. Incluso si la anunciada Ley de Ajuste Fiscal logra reducirlo hacia niveles cercanos a 7,2% del PIB, el país seguirá enfrentando un desequilibrio considerable. La pregunta fundamental, por tanto, no es solamente qué hacer en 2027, sino cómo vamos a llevar progresivamente las finanzas públicas hacia una posición sostenible en 2028, 2029 y los años siguientes.
El aumento del servicio de la deuda merece una atención especial. Pasar de aproximadamente $100,5 billones en 2026 a $155,4 billones en 2027 implica un crecimiento de 54,7%. Las amortizaciones aumentan 111% y los intereses 37,3%. Cuando cerca de una cuarta parte del presupuesto debe destinarse al servicio de la deuda, el manejo de los vencimientos, las tasas, los plazos y las fuentes de financiación se convierte en uno de los principales asuntos de política económica.
En este contexto, Colombia necesita desarrollar una estrategia especialmente ambiciosa de financiación de largo plazo, en la cual el sector público y el sector privado puedan contribuir desde sus respectivas responsabilidades. Debemos explorar con mayor intensidad las posibilidades que ofrecen los organismos multilaterales y las fuentes bilaterales. Una concentración excesiva de las necesidades de financiación en el mercado doméstico puede presionar las tasas de interés, desplazar recursos que podrían financiar al sector privado y aumentar el costo del capital para empresas y hogares.
El ajuste del gasto será inevitable, pero importa mucho cómo se haga. La composición del presupuesto ya muestra una señal que debe preocuparnos: mientras el funcionamiento aumenta y el servicio de la deuda crece de manera extraordinaria, la inversión disminuye. La inversión pública suele ser el componente más flexible del presupuesto y, por esa razón, corre el riesgo de convertirse en la principal variable de ajuste.
Eso sería un error si el análisis no se hace con criterios rigurosos. No todo gasto de inversión es necesariamente productivo y, por supuesto, debe evaluarse su calidad. Especial cuidado deberá tenerse con los recortes a la inversión que genera infraestructura, productividad, capital humano o nueva capacidad productiva. Reducirla puede aliviar las cuentas en el corto plazo, pero también puede debilitar el crecimiento y, con ello, la propia capacidad fiscal futura.
Esta discusión es aún más importante porque el propio presupuesto trabaja con una proyección de crecimiento real del PIB de apenas 1,8% para 2027. Es correcto no pecar de ser artificialmente optimistas.
Es claro que Colombia no puede resolver su situación fiscal únicamente mediante recortes. Necesitamos simultáneamente estabilizar las finanzas públicas y recuperar el crecimiento. Una economía que crece más genera mayor recaudo, empleo, inversión y capacidad para estabilizar la relación deuda/PIB.
Por eso, la estrategia fiscal debería estar acompañada por una agenda muy decidida de recuperación de la inversión privada. El país necesita acelerar proyectos productivos y de infraestructura, remover obstáculos regulatorios, mejorar las condiciones de financiación y recuperar confianza. Consolidación fiscal y crecimiento no son objetivos contrapuestos; por el contrario, una estabilización sostenible requiere de ambos.
También es vital evitar que la discusión sobre el tamaño del nuevo presupuesto conduzca a conclusiones equivocadas. El aumento frente a la propuesta anterior debe explicarse distinguiendo con claridad cuánto corresponde a obligaciones que no estaban reconocidas, cuánto al mayor servicio de la deuda, cuánto a gastos obligatorios y cuánto constituye realmente el nuevo gasto discrecional. Esa reconciliación es indispensable para que el debate público se haga sobre la realidad y no simplemente sobre el monto nominal del presupuesto.
Colombia enfrenta una situación fiscal muy compleja. Reconocerla con transparencia es un avance importante, pero apenas constituye el comienzo. Ahora necesitamos una estrategia consistente que combine ajuste estructural del gasto, manejo responsable de la deuda, diversificación de las fuentes de financiación, protección de la inversión productiva y una verdadera agenda de crecimiento.
El objetivo no puede ser simplemente cerrar el presupuesto de 2027. Debe ser recuperar una trayectoria sostenible de las finanzas públicas sin sacrificar la capacidad del país para invertir, crecer, generar empleo y avanzar socialmente. Sincerar las cuentas era indispensable. Ahora comienza la tarea verdaderamente difícil: construir una senda que permita recuperar simultáneamente la estabilidad fiscal, el crecimiento y la confianza.