Querida Mariana, eres mi alumna preferida. Te recuerdo que en un Estado de derecho, los jueces cumplen una función vital que las autoridades no pueden darse el lujo de cuestionar o desconocer. Son una barrera de control, custodios de los derechos fundamentales, bajo el principio de la dignidad humana, en la búsqueda de un orden justo, equitativo y pacífico. Los fallos judiciales se respetan; claro que se pueden atacar, pero con argumentos sólidos, no con ligerezas.
Nos sorprendieron algunos periodistas, especialmente los que laburan en aquellos medios tradicionales de siempre —entre ellos Revista Semana—, que un juez le haya ordenado a ADLE ofrecer disculpas por vulnerar la neutralidad religiosa que estaba obligado a guardar. El fallo fue analizado en forma ligera por algunos informadores, como si el funcionario judicial estuviera atacando al presidente o a su libertad religiosa. Sin ánimo de ofender: a esos periodistas —algunos sin siquiera tarjeta profesional— se les recomendaría tomar un curso elemental de derecho constitucional.
El contexto es el siguiente. Un juzgado laboral de Bogotá le ordenó al mandatario ofrecer disculpas públicas por vulnerar la neutralidad religiosa durante su posesión, el pasado 7 de agosto. El despacho, al resolver una tutela presentada por un ciudadano que alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia y de culto, falló a su favor. En ese acto de posesión estuvieron: el rabino David Michan; el pastor Eduardo Cañas, de la iglesia evangélica Manantial; Álvaro Duarte Torres, capellán de la Presidencia; y monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal. El juez señaló que el espacio de “invocación y alabanza”, que tiene características de los rituales de la Iglesia católica y la imagen de la Virgen de Fátima, ignoró la obligación de ser objetivo que ADLE debía mantener en ese acto público.
El nuevo rostro del reclutamiento infantil
Wilson Ruiz OrejuelaLa motivación es clara: el mandatario vulneró la libertad de cultos que debe sostenerse bajo un Estado laico, apuntalada por la dignidad humana, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. Los jueces son los llamados a sostener esos principios cuando el poder los da por accesorios. Los funcionarios conservan, como cualquier colombiano, su libertad de culto —eso no se discute—; lo que no pueden hacer es asociar sus funciones públicas con religiones específicas, cuando actúan como autoridad.
El fallo ordenó a ADLE que pidiera disculpas al pueblo colombiano en una transmisión de radio y televisión. También debían comprometerse a no mostrar favoritismo hacia la Iglesia católica, ni a ninguna otra creencia, y emitir una directiva presidencial para que funcionarios y empleados respeten esa objetividad. Todo esto, para no convertir la principialística de la Carta Magna en una hoja de buenas intenciones, sin ninguna eficacia.
Causa inmensa sorpresa —y ahí sí es completamente insólito— que la soberbia de ADLE florezca como un cactus en mitad del desierto. Comienza a acatar el fallo, sí, pero deja ver su talante autoritario: a voz en cuello grita: “¡Viva Cristo Rey!”. No lleva ni un mes de posesión y sus hechos y sus palabras son bastante dicientes. Nos quedan faltando tres años y once meses para terminar esta cruenta pesadilla.
Adenda 1.
Nos adherimos a los sentimientos de tristeza por la muerte del incansable líder eclesiástico, el padre Javier Giraldo Moreno, quien dedicó su vida a escuchar a las víctimas, acompañarlas y hacer lo posible para que sus historias no fueran borradas por el silencio, el miedo o la impunidad. Gran defensor de los derechos humanos: hoy lo honramos con gratitud, sabiendo que su historia permanecerá en el corazón de muchos ciudadanos.
Adenda 2.
Este 3 de septiembre se cumplen diez años del fallecimiento de nuestra hija Vanessa Díaz Marín. No la podemos sacar de nuestro corazón, ni de nuestra mente. Todos los días se reza en silencio por su alma. Apiádate, Señor mío, de ella. Algún día nos encontraremos.