“Toda persona tendrá acción de tutela…”, Constitución Política de Colombia, artículo 86
Una palabra puede atravesar siglos y adquirir, de pronto, una vida nueva. Eso ocurrió en Colombia con tutela. En 1991 alcanzó rango constitucional y, en una generación, pasó del artículo 86 al habla común. “Poner una tutela” se dice hoy en el mercado, en el hospital, en la vereda.
El nombre pudo ser otro. La tradición constitucional conocía el amparo. Colombia escogió, en cambio, una voz más antigua, tutela, cuya memoria latina remite al cuidado, la guarda y la protección. Durante siglos nombró una relación en la que alguien protegía a otro. En 1991 conservó esa memoria, pero cambió su dirección. Pasó también a nombrar la posibilidad de exigir protección frente al poder. El protegido se convirtió en reclamante.
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Maria Camila SalasLa lengua registró el cambio. En el habla corriente no se interpone ni se instaura la tutela. Se pone. Se pone una tutela como quien recurre a un instrumento familiar. A veces basta anunciarla para que una entidad responda. La palabra actúa antes del expediente.
Cartagena estuvo presente incluso antes de que esa palabra llegara al artículo 86. Desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Fabio Morón Díaz fue ponente de la decisión que en 1990 abrió cauce institucional a la expresión ciudadana de la Séptima Papeleta. Raimundo Emiliani Román participaría después en la Asamblea Constituyente. La ciudad acompañó así dos momentos de una misma transformación. Primero, cuando la voluntad ciudadana llamó a las puertas de la Constitución. Después, cuando una nueva Constitución comenzó a responderle.
La Carta de 1991 consagró un mecanismo deliberadamente sencillo. Cualquier persona, sin abogado, puede acudir ante un juez y obtener una decisión en breve término. La jurisprudencia desarrolló sus alcances. El derecho dejó de ser sólo promesa y adquirió una vía de exigencia.
Pero ocurrió algo más profundo. El enfermo que reclama su medicamento, el pensionado su mesada y la madre el cupo escolar de su hijo aprendieron no sólo que tenían derechos, sino cómo hacerlos valer. Una palabra jurídica incorporada al lenguaje común ensanchó el campo de lo exigible.
Su éxito encierra una paradoja. Muchas tutelas reclaman aquello que el Estado debió garantizar sin litigio. Cada derecho restablecido confirma la fuerza de la garantía. Cada tutela evitable revela una falla del Estado.
Esa paradoja aconseja prudencia frente a cualquier reforma. Una garantía no vive sólo en su reconocimiento jurídico. Vive también en la posibilidad real de invocarla. Cuando el acceso se estrecha, la protección también.
A sus treinta y cinco años, la tutela muestra algo singular. Una institución jurídica entró en la lengua cotidiana y modificó la relación de millones de personas con el poder. Los colombianos no sólo aprendieron que tenían derechos. Aprendieron una palabra para exigir su respeto.
Hay palabras que describen el mundo y otras que ayudan a corregirlo porque detrás de ellas existen instituciones capaces de responder. Tutela pertenece a las segundas.