Un presupuesto se conoce cuando deja de ser una cifra y adquiere dirección, responsables y fechas. El PGN para 2027 radicado por el Gobierno asciende a $634,9 billones y reconoce obligaciones que llevaban meses desfinanciadas: $8 billones en pensiones, $5,8 billones en subsidios, $4 billones en salud, $3,6 billones en aportes parafiscales y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sincerar esas cuentas era necesario. El propio Ministerio de Hacienda lo llama el “presupuesto de la verdad”; ahora la transparencia fiscal y la austeridad anunciada deben sostener el ajuste, no solo nombrarlo.
Nos enfrentamos a un gran reto fiscal. Las prioridades cambiaron con el terremoto. Tenemos una economía que crece modestamente, en promedio 1,6% en los últimos tres años, dependiente más del gasto público que de la inversión privada. La inversión privada cayó al 16% del PIB, un nivel que no veíamos desde 1975, y la Inversión Extranjera Directa se redujo a la mitad: pasó del 5% al 2,5% del PIB. El peso se ha apreciado 18,2% frente al dólar, lo cual beneficia al importador, pero desafía al exportador. Y aunque la inflación ha venido corrigiéndose, seguimos tres puntos porcentuales por encima de la meta del Banco de la República. Nuestro dinero pierde valor y la plata alcanza para menos.
La primera señal que requiere atención en el PGN nacional presentado al Congreso es el servicio de la deuda, que sube de $118 a $155,4 billones. De ese valor, $94,4 billones son intereses y $58,2 billones amortización, mientras la inversión baja de $90 a $86,9 billones. Destinamos más recursos a pagar intereses que a inversión social: uno de cada tres pesos del presupuesto va a la deuda y apenas 1,4 de cada 10 a inversión. El dato exige disciplina, no alarmismo: debemos ordenar las finanzas sin mantener postrada la inversión, porque un país que no invierte difícilmente puede crecer. Será fundamental la articulación público - privada para dinamizar la economía. Es el llamado de un gobierno proinversión y proempresa.
Ahora, ¿cómo se financiará el incremento de $59,2 billones? Las nuevas fuentes de ingresos son escasas y el Gobierno optó por nueva deuda. Hay que revisarlo con pinzas, estamos hablando de $238 billones de nueva deuda. Esto implica un déficit fiscal de 8,2% del PIB para 2027, frente al 5,3% que proyectaba la administración anterior. La deuda neta del Gobierno Nacional Central se acerca al 66% del PIB y, aunque está por debajo del 71% que define la Regla Fiscal, el panorama es desalentador ante la advertencia del Ministro de Hacienda de que, a este paso, en 2030 llegaremos al 81% del PIB, 11 puntos por encima del valor ancla.
Entonces las preguntas fiscales clave para 2027: ¿tiene el Gobierno capacidad para asumir la deuda nueva? ¿Sacrificaremos inversión social? ¿Cómo financiaremos la atención de los efectos del Fenómeno de El Niño? Y, sobre todo, ¿cuál será la inversión para las regiones?
*Representante a la Cámara.