No podemos permitir que haya una nueva contrarreforma agraria. A finales de junio se registró una escalada violenta contra comunidades beneficiarias de la reforma agraria: en Puerto López (Meta) hombres armados irrumpieron en la casa de una familia campesina, la agredieron y quemaron sus pertenencias; en Córdoba y en el Valle del Cauca hubo amenazas de muerte para forzar el abandono de las tierras entregadas.
A nadie le conviene que el país viva otra vez una contrarreforma agraria. El nuevo gobierno no puede permitir que los violentos acaparen las tierras en las que los campesinos están produciendo alimentos sin que su apuesta de seguridad pierda credibilidad. En la campaña el presidente prometió que iba a enfrentar la inseguridad para incentivar la producción agropecuaria, por lo tanto, no sería comprensible que en su mandato estos hechos violentos sean ignorados.
A los gremios no les conviene que una nueva ola de violencia ponga pies de barro a las inversiones en el campo. Una nueva contrarreforma aumentará la incertidumbre sobre los derechos de propiedad y esa inseguridad jurídica afecta la estabilidad de la inversión y de la iniciativa privada en el campo.
Y a la sociedad colombiana es a la que menos le conviene una contrarreforma. La historia del siglo XX muestra que cuando fracasan nuestros esfuerzos por resolver el problema agrario, se agravan nuestras violencias. El fracaso de la Ley 200 de 1936 fue un factor concurrente del estallido de La Violencia en los años 40. El fracaso de las reformas agrarias del Frente Nacional fue determinante en la violencia que vivimos a partir de los años 80.
Del esfuerzo de hacer la reforma agraria en el anterior gobierno quedan, entre otros resultados, 1.271 predios entregados de manera provisional. Por la interinidad de esas entregas, allí se concentra el mayor riesgo de contrarreforma. Según datos de la ANT, en el Caribe estas entregas se hicieron, entre otros, en territorios con tradición de conflicto por la tierra como Sucre, Cesar, el Urabá antioqueño y Córdoba, donde ya hubo amenazas.
Sin embargo, aunque el gobierno anterior falló al no haber dejado plenamente adjudicados esos predios, lo cierto es que entregar tierra al campesinado nunca es un error, y menos en un país tan desigual como Colombia. El consenso que debe convocarnos es la protección de esas familias. Lo más importante ahora no es si tienen o no título: según la Corte Constitucional, el campesinado tiene derecho a que se proteja su tenencia de la tierra aunque no sean propietarios. Para el nuevo gobierno terminar esas adjudicaciones es un deber constitucional. El ministro Dangond llegó con el mandato de formalizar la propiedad rural; que empiece por esos 1.271 predios.
Director de la línea tierras y campesinado en Dejusticia.