Colombia lleva demasiado tiempo conviviendo con la violencia armada ilegal, que durante décadas ha sido el principal instrumento para dominar cuerpos, territorios y voluntades políticas. Hoy, sin embargo, parece haber adquirido una inquietante dimensión estética: la crueldad y la muerte se representan, circulan por las redes sociales y llegan a consumirse como espectáculo. Quizá, después de tanto convivir con ella, hemos comenzado a contemplarla sin estremecernos.
La exaltación de la narcocultura ofrece una de sus expresiones más perturbadoras. El caso de Naím Pérez, alias ‘Bendito Menor’, resulta ilustrativo: muestra cómo la exhibición digital del lujo y el poder criminal pueden construir una imagen distorsionada del éxito social, capaz de competir simbólicamente con aquel que se alcanza mediante el esfuerzo y el respeto por la legalidad. Más inquietante todavía resulta contemplar funerales multitudinarios, disparos celebratorios y una mitificación digital que puede terminar transformando al victimario en héroe, mientras sus víctimas, paradójicamente, son relegadas al olvido.
Frente a la romantización del criminal, el Estado debería ofrecer una imagen ética completamente distinta. No necesita demostrar que puede ser más temible, sino que puede combatir, perseguir y ejercer legítimamente la violencia, sin necesidad de convertir la muerte en espectáculo. Esa es, precisamente, una de las grandes conquistas de la democracia, del republicanismo y del Estado de derecho. Exhibir cadáveres -aunque aparezcan cubiertos por bolsas plásticas- como símbolos de victoria quizá pretenda transmitir fuerza y eficacia, pero corre el riesgo de convertir la legitimidad estatal en una mera escenografía del poder. Conviene recordar un principio constitucional elemental: la dignidad humana no desaparece con la muerte ni depende de la virtud de quien ha muerto.
El Estado no necesita parecerse al criminal que combate. No son equivalentes ni ejercen la violencia bajo la misma lógica. La violencia criminal puede utilizar el terror, la crueldad y la exhibición de la muerte como instrumentos de poder; el uso legítimo de la fuerza estatal, en cambio, encuentra su justificación precisamente en aquello que lo diferencia y lo limita: el sometimiento a la eticidad y la legalidad. Su superioridad frente al criminal no depende de que puede ejercer mayor violencia, sino en probar que puede derrotarlo sin renunciar al Derecho.
Cuando la violencia criminal convierte la muerte en espectáculo o el Estado en un símbolo de victoria, puede aparecer una consecuencia social devastadora: la progresiva desensibilización frente al sufrimiento y la finitud. Ese es quizá el verdadero peligro, porque entonces la violencia habrá conseguido algo peor que producir terror; habrá deteriorado nuestra capacidad de reconocer en la muerte del otro una tragedia humana. El Estado tiene no solo la potestad, sino el deber de proteger a la sociedad frente a la violencia ilegítima; pero esa función encuentra límites en el orden constitucional y democrático de derecho; porque si para derrotar la barbarie necesitamos exhibirla, estetizarla y celebrarla, quizá la barbarie ya haya comenzado a derrotarnos.