En días recientes se realizó en San Juan de Girón, Santander, el XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, dirigido por la presidenta de la Corte Constitucional, doctora Paola Andrea Meneses. Allí escuché al profesor Günter Frankenberg, advertir sobre los riesgos del uso abusivo de las reglas constitucionales, por regímenes autoritarios y sobre la necesidad de preservar la autonomía judicial, frente al poder político.
Son fines esenciales del Estado, según el artículo 2.° de la Constitución, asegurar la convivencia pacífica y un orden justo. Sus artículos 113 y 228 consagran la colaboración armónica de las tres ramas del poder público y la independencia judicial. Siguiendo a Frankenberg, en su análisis, se observan patrones de debilitamiento institucional: presiones sobre la prensa, que erosionan el derecho ciudadano a ser informado con veracidad; recortes al presupuesto judicial, siendo delicado el ahogamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz; detenciones masivas, terminadas en libertades, ante jueces de garantías; y una narrativa que presenta a periodistas, jueces y entes de control, como enemigos del gobierno, por ejercer sus funciones de contrapeso.
El tema más delicado es la arremetida en contra la JEP, primero, por el lado presupuestal: el Congreso aprobó un recorte de $170.000 millones para 2027, de los cuales $100.000 millones se trasladarán al Consejo Superior de la Judicatura. Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, señaló en RCN, que esta jurisdicción, es la que está revelando unas verdades muy dolorosas que el país no conocía, advirtió que las víctimas silenciadas durante décadas serían las más golpeadas: si la intención es cerrarla, que lo hagan abiertamente, no por asfixia presupuestal.
El segundo punto, avanza en la Comisión Primera del Senado: un proyecto que somete las sentencias de la JEP, contra la Fuerza Pública, a revisión automática del Tribunal Superior Militar y Policial, adscrito al Ministerio de Defensa, en una clara tensión con el artículo transitorio 7.°, que consagra al Tribunal para La Paz, como un órgano de cierre.
El tercero golpe, ponerle una fecha límite de funcionamiento, con una reforma que busca modificar el artículo transitorio 15, para fijar un plazo improrrogable, inferior al actualmente previsto.
Son más de 12.000 comparecientes, en macrocasos de secuestro y ejecuciones extrajudiciales. Devolverlos a la justicia ordinaria sería empezar de nuevo lo que ha tomado siete años de trabajo. La justicia no se descongestiona desfinanciando a otra jurisdicción. Las víctimas no se pueden defender a medias.
Es indudable que en nuestro país no solamente existen riesgos, sino hechos que evidencian el uso abusivo de reglas constitucionales excepcionales, por parte de nuestro mandatario, dejando fuertes vacíos en el Estado de Derecho.
Adenda 1. Deben estar felices los deportistas del país: al deporte apenas se le asignó un 0,47% del Presupuesto General de la Nación. Bienvenidos a la patria milagro.
Adenda 2. En lo que el Gobierno llama la batalla cultural, el Ministerio de Cultura, redujo su presupuesto, en cerca de un 30%, frente a lo aprobado en 2026, decidiendo no adelantar la asignación de premios, del Programa Nacional de Estímulos. La patria milagro no parece muy de acuerdo con el deporte, ni con la cultura; palabras como campesino, niñas o familia, son hoy cuestionadas por entes gubernamentales. El retroceso en democracia es visible.