Algo preocupante ha ocurrido en el debate colombiano: durante los últimos 4 años convencieron a muchos trabajadores de que la empresa es la responsable de que sus salarios no alcancen, y al empresario de que mejorar condiciones amenaza la supervivencia de su negocio. Dos partes que se necesitan para prosperar comenzaron a mirarse con desconfianza, mientras la responsabilidad del Estado se diluía en el debate.
En los últimos años se ha visibilizado una narrativa política que enfatiza el conflicto entre capital y trabajo. Si bien este enfoque no creó las desigualdades del país, su discurso ha reforzado la noción de que sus intereses están necesariamente enfrentados. Ese antagonismo representa un profundo error.
El trabajador tiene razones legítimas para sentir que sus ingresos no cubren el costo de vida; pero la causa no es solo el salario, sino lo que debe comprarse con él. Cuando las familias pagan privadamente servicios de salud, educación, transporte y seguridad que el Estado debería garantizar con calidad, el ingreso pierde capacidad adquisitiva.
Aquí emerge una paradoja: Colombia recauda menos impuestos como porcentaje del PIB frente al promedio de la OCDE, pero mantiene una tarifa de renta corporativa del 35%, de las más altas del bloque. El problema no es cobrar más o menos tributos, sino a quién se le cobra y la baja eficiencia en la transformación de esos recursos en bienes públicos.
Por otro lado, la realidad para las pymes es compleja. Cubrir nóminas, seguridad social, impuestos y créditos antes de determinar utilidades es un reto diario. En un país con una informalidad superior al 50%, encarecer la formalización sin aumentar la productividad por hora trabajada ahoga al tejido empresarial. La reducción de la jornada laboral o las reformas demuestran que el verdadero desafío no es de un gobierno, sino productivo: se requiere generar más valor para financiar mejores ingresos.
Suele citarse a Noruega como modelo, pero el verdadero aprendizaje no es cuánto redistribuye el Estado, sino la alta productividad, la fortaleza institucional, la disciplina fiscal y el respeto por la iniciativa privada que construyó para poder hacerlo. Copiar solo la intervención estatal es intentar edificar un rascacielos empezando por el último piso.
Colombia debe abandonar el falso dilema que opone al trabajador contra el empresario. Necesitamos empleados con mejores salarios impulsados por una mayor generación de valor, empresas rentables capaces de invertir y un Estado eficiente que convierta los impuestos en servicios de calidad. Enfrentar a quienes están destinados a entenderse puede rendir dividendos políticos, pero jamás generará prosperidad duradera. El trabajador y la empresa son aliados, no enemigos.