Asumir la conducción de una economía de mercado parece ser una de las grandes batallas que una parte de la izquierda latinoamericana todavía se resiste a ganar. Después de décadas de luchas sociales, conquistas democráticas y avances en materia de derechos, persiste una contradicción difícil de justificar: mientras reclama para sí la defensa de los trabajadores, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, con frecuencia observa con desconfianza la empresa privada, la acumulación de riqueza y el emprendimiento como instrumentos legítimos para alcanzar esos mismos objetivos.
El problema no consiste en reconocer que el mercado tiene limitaciones, sino en suponer que esas limitaciones obligan a renunciar a sus posibilidades. Las economías de mercado pueden generar concentración de la riqueza, monopolios, desigualdades, precariedad laboral y exclusión.
Pero ninguna de estas realidades debe conducirnos a concluir que la única alternativa consiste en sustituir el mercado por una economía dominada integralmente por el Estado. La verdadera discusión está en cómo construir instituciones democráticas capaces de regular el poder económico, garantizar derechos sociales, promover la competencia y distribuir de manera más equitativa los beneficios del crecimiento.
La cuestión de fondo es si la izquierda latinoamericana está dispuesta a demostrar que puede conducir una economía de mercado mejor que sus adversarios, capaz de convertir el crecimiento económico en prosperidad compartida, movilidad social y bienestar para las mayorías.
El riesgo de regalar el liderazgo económico
Cuando las fuerzas progresistas dejan de lado la discusión sobre la productividad, la inversión y la creación empresarial, pueden terminar cediendo a sus adversarios una parte decisiva de la conducción económica. Esa cesión no ocurre necesariamente porque la derecha tenga respuestas superiores para todos los problemas económicos, sino porque puede ocupar el espacio que dejan quienes renuncian a presentar una alternativa sobre cómo generar riqueza, aumentar la competitividad y mejorar los ingresos de la población.
De ese modo, el debate público corre el riesgo de reducirse a una falsa elección: o se acepta sin reservas la agenda económica de la derecha, o se desconfía de los mercados y se limita la iniciativa privada. Esta perspectiva permitiría que el progresismo participe en la discusión económica con propuestas propias, en lugar de limitarse a reaccionar ante las iniciativas de sus adversarios.
La pregunta no debería ser si el Estado o el mercado deben tener toda la razón, sino cómo organizar ambos para elevar la productividad, reducir las desigualdades, ampliar la libertad y garantizar que el crecimiento beneficie al conjunto de la sociedad.
Una agenda de desarrollo incluyente debe abrir oportunidades para que las comunidades históricamente excluidas sean propietarias de empresas, participen en proyectos industriales, desarrollen capacidades tecnológicas y accedan a los espacios de decisión económica.