Hay muchas maneras de encender una hoguera. No siempre hacen falta leña, ni fósforos: basta retirar unas obras, suspender un premio o imponer una verdad, como si los demás no tuvieran derecho a disentir. Colombia ya conoce esa historia. El Santo Oficio se estableció en Cartagena en 1610, una mera sospecha podía convertir a personas decentes en herejes o brujas.A la edad Media tampoco fue mejor con el oscurantismo.
Pensemos en lo que no tendríamos sin Débora Arango, que desde 1938 pintó desnudos femeninos y desafió la moral de su época. Sin Botero, que volvió inolvidables episodios de nuestra violencia. Sin Ricardo Rendón, que fustigó a los poderosos con sus caricaturas. Sin Caballero Calderón y su Siervo sin tierra, o Álvarez Gardeazábal y sus Cóndores no entierran todos los días, incluyendo a Gabriel García Márquez, con sus cien años de soledad, episodio: La masacre de las bananeras.¿Qué quedaría de nuestra cultura si solo sobreviven las obras que no incomodan al poder de turno?
La primera señal está en el Museo Nacional. El 15 de octubre, día en que el presidente Abelardo de la Espriella, presentó al Ministerio de Cultura como epicentro de una «contrarrevolución cultural», fueron retiradas de tres salas, cerca de treinta piezas sobre las luchas feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la Unión Patriótica, el Acuerdo de Paz y fotos de algunos líderes, como Pizarro Leongomez. Para no olvidar, esa memoria, plasmada en esas obras, la construyeron mandatarios de derecha. Descolgar los cuadros, no corrige la historia: mutila su relato.
Un presupuesto para lo esencial, no para la burocracia
Rafael Nieto LoaizaLa segunda señal es presupuestal: el proyecto para 2027 contempla un recorte del treinta por ciento a la cultura y se suspendió la designación de ganadores del Programa Nacional de Estímulos 2026, con veintisiete años de trayectoria. La tercera, la educación y el lenguaje: la retórica contra el «wokismo», es fatal, una familia reducida a un solo modelo, pretensión de currículos educativos, con más religión y menos pensamiento crítico. Una ignominiosa iniciativa de borrar la palabra «niña», todo en desmedro de la libertad de cátedra y del lenguaje inclusivo.
A ello se suma un símbolo inquietante. Alejandro Ordóñez, nombrado embajador ante la OEA, cerró un discurso soso y aburridor, con un «Viva Cristo Rey». A él se atribuye haber participado en su juventud en una quema de libros, y como procurador cambió el retrato de Santander, por un crucifijo. Quien profesa una fe merece respeto: ahí está el principio de tolerancia. Pero convertir mi creencia en medida obligatoria para toda la ciudadanía es otra cosa.
Entre tanto, las protestas del 14 de octubre y decisiones que deberían ser de conocimiento público, son silenciadas o distorsionadas por un noventa por ciento de los medios y de los periodistas: un periodismo amordazado, que no informa, simplemente administra el silencio y la tergiversación.
Los nuevos inquisidores no necesitan hogueras. Les basta vaciar los museos, cerrar oportunidades y estrechar los límites de lo que puede enseñarse, nombrarse o reconocerse. Cuando el poder decide qué obras podemos ver y qué ideas podemos discutir, el peligro ya no es solo cultural: es esencialmente democrático. Un país que borra su memoria pierde también la capacidad de reconocer sus errores, expuestos en las obras que dan cuenta de ellos.
Adenda. No puede olvidarse que el derecho a la huelga y a la protesta pacífica están amparados por la Constitución (arts. 56 y 37). El decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente el 13 de octubre, deja mucho que desear. Dispone que las marchas deben ser pacíficas y que la primera etapa es el diálogo. Sin embargo, permite a la fuerza pública prescindir de él cuando exista evidencia de violencia contra uniformados o bienes. No obstante, los videos de las marchas del 14 de octubre, muestran a miembros del Esmad, lanzando gases lacrimógenos, desde las afueras de la Universidad de Antioquia hacia su interior, sin que se advierta violencia alguna de los estudiantes. Estos hechos deben ser examinados por el control interno disciplinario de la Policía, y si fuere del caso, la justicia penal castrense.