“Se fue Alí Babá, pero se quedaron los cuarenta ladrones”, dicen en Caracas. A casi diez meses de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela tiene una presidenta encargada que obedece a Washington, un contrato petrolero firmado a finales de agosto cuyo texto nadie conoce y todavía ninguna fecha electoral. Washington pudo derribar a Maduro sin democratizar el aparato de poder, y ahí está la contradicción de estos meses. Ahora crece la presión: la líder opositora María Corina Machado parece estar cambiando de estrategia, la calle exige una fecha y en la mesa de negociación se discuten las condiciones previas. Falta saber cuánto tiempo queda.
“No sé. Algún día.”
El 1 de mayo, un reportero de The New York Times le preguntó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuándo podrán votar de nuevo los venezolanos. Su respuesta: “No sé. Algún día.” Cinco meses después, sigue sin haber fecha.
Un Presupuesto que empeora el déficit
Mauricio Cabrera GalvisY sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, había prometido tres fases: estabilización, recuperación económica y transición a la democracia. La primera avanza, la segunda también, aunque con lentitud, y la tercera no tiene calendario. Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y profesor de Economía en la Universidad de Harvard, le contrapone a Rubio una frase del monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington: los estadounidenses llegaron “para liberar, no para conquistar”.
Quién se quedó
En la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses sacaron de Caracas a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaron a Nueva York. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió el mando, y en febrero Trump la reconoció formalmente. Al principio se trataba, probablemente, de expulsar de Venezuela a chinos, iraníes y rusos; hoy el petróleo impulsa la política.
El gobierno habla de más de mil presos políticos liberados. La organización de derechos humanos Foro Penal contaba en marzo todavía 568 detenidos; el 5 de octubre eran 322.
Los antiguos poderosos siguen casi todos en el poder, solo que en otro puesto. Vladimir Padrino López, hasta hace poco ministro de Defensa, dirige el Ministerio de Agricultura. Tarek William Saab, hasta ahora fiscal general, es defensor del pueblo. Diosdado Cabello, sancionado por Estados Unidos, sigue como ministro del Interior. En julio, Rodríguez pasó a retiro a 110 generales y almirantes y, a la vez, ascendió a unos 160. No es una purga, sino una reorganización desde adentro que vincula el aparato más estrechamente a ella; algunos de los ascendidos figuran en listas de sanciones estadounidenses. Rodríguez es leal a Trump mientras él se mantenga. El aparato es leal a ella mientras ella se mantenga.
El petróleo
A finales de agosto, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo petrolero, “el más grande de la historia”, según Trump. La Casa Blanca publicó los puntos centrales el 31 de agosto. Una empresa explotará 17 campos con unos 65.000 millones de barriles, que la Casa Blanca califica de “reservas probadas”, cerca de una quinta parte de las del país. El operador es North American Blue Energy Partners (NABEP), fundada en 2024 y dirigida por Alejandro Betancourt, quien hizo su fortuna bajo los gobiernos chavistas, entre otras cosas con el encargo de restablecer el suministro eléctrico, hasta ahora con muy poco éxito: según Transparencia Venezuela, las plantas entregaron una quinta parte de la potencia prometida. Suiza investiga a Betancourt por lavado de dinero; Rubio lo defiende.
Según la Casa Blanca, el Pentágono tiene, a través de su fondo de capital estratégico, el 35 % de la empresa matriz. El Departamento de Estado puede comprar el 20 % de la producción a costo de producción y tiene derecho de preferencia sobre el resto. Puede vetar nombramientos de la junta directiva, y rige la ley estadounidense. Un funcionario estima la participación de Estados Unidos en un 55 % efectivo; su significado exacto no está claro. Se prometen, a lo largo de 25 años, unos 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos y hasta 100.000 millones en inversiones. Son promesas: nadie ha visto el texto del contrato. Rodríguez habla de 25 años de duración, el funcionario, de 100.
Ahí está la debilidad. La firma de análisis Oikos Research recuerda que la ley de hidrocarburos, tras la reforma de enero, permite como máximo 25 años, prorrogables por 15; que no hubo licitación; y que el fondo del Pentágono, según sus estatutos, no puede adquirir participaciones accionarias. Tras un cambio político, el contrato podría caer ante los tribunales venezolanos.
El periodista y analista Moisés Naím, ministro venezolano de Industria bajo el presidente Carlos Andrés Pérez y luego director de la revista Foreign Policy, con sede en Washington, ve en ello un remedio de emergencia: las grandes petroleras se negaron a invertir en una Venezuela sin legitimidad ni seguridad jurídica, así que se escogió a Betancourt. Lo cierto es que los derechos sobre los mayores campos petroleros ya están adjudicados y que Estados Unidos se queda con la parte principal. Falta saber qué obtiene Venezuela y si el acuerdo seguirá vigente cuando el país vote libremente.
El dilema de Trump
Los negocios petroleros le resultan más fáciles al gobierno de Trump con una vicepresidenta del dictador derrocado que depende de Trump que con un gobierno elegido y un parlamento legítimo en el que muchos tengan voz. Por otro lado, las grandes inversiones que necesita el éxito de la política estadounidense en Venezuela solo llegarán si hay elecciones y, después, un sistema legítimo con Estado de derecho y seguridad jurídica.
Trump necesita petróleo, calma en el país y un éxito de política exterior que mostrar. En otros frentes le fue mal: los aranceles, Groenlandia, la guerra contra Irán. A Trump le han hecho creer que debe asegurar su único éxito exterior hasta ahora dejando al viejo régimen en su sitio, porque de lo contrario vendría el caos. Rodríguez necesita a Trump: de su reconocimiento, de las licencias y del dinero del petróleo depende su poder. Ella, por su parte, tiene el aparato en sus manos.
El tiempo juega hasta ahora a favor de los poderosos. Cada mes sin fecha afianza su posición y deja que la presión se enfríe. En su contra pesa la situación de la gente. En su primera visita tras 20 años de exilio, Naím encontró a una mayoría en situación precaria, y las cifras lo respaldan. Según el Banco Central, la inflación anual fue de 466 % en septiembre (en abril aún era de 612 %) y sigue siendo la más alta de América Latina. El ingreso mínimo de 240 dólares se compone casi solo de bonos; el salario legal está por debajo de 30 centavos de dólar al mes. Ese ingreso cubre algo más del 40 % de la canasta alimentaria de una familia, que el centro de análisis de la federación de maestros calcula en unos 550 dólares. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, en 2025 el 68,5 % de los hogares vivía por debajo de la línea de pobreza. Eso puede provocar lo que la política de Trump quiere evitar: que la calle se levante. Mientras petróleo y democracia corran en direcciones opuestas en Washington, Rodríguez seguirá siendo la socia más cómoda.
¿Cambia Machado de estrategia?
María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, está en Panamá. Salió de Venezuela en diciembre; siete intentos de regresar, según su equipo, han fracasado. Su base de poder es grande, pero todavía no está organizada a la altura: ganó con amplia ventaja las primarias de 2023; en 2024 no pudo inscribirse; su sustituto, Edmundo González, ganó según las actas de la oposición, pero las autoridades proclamaron a Maduro. Está inhabilitada por 15 años y no se conoce una orden de captura. Fuera del país pesa más que dentro de él: no puede actuar en Venezuela y la Mesa de Negociación funciona sin ella. La alianza opositora de 2024 y su partido, Vente Venezuela, parecen hoy menos sólidos que entonces. Trump la descartó como sucesora y apostó por Rodríguez. Su dilema es el reflejo del de él: tiene que exigir una fecha electoral sin molestar al hombre de quien depende que haya fecha.
Durante meses actuó con cautela y elogió a Trump. En enero dijo todavía que las elecciones libres llegarían algún día y que antes había que desmontar el aparato de represión. Desde comienzos de octubre comparece en público en rápida sucesión: una columna en el New York Post, el diario que, según se dice, prefiere Trump en Nueva York, y luego entrevistas con The New York Times (15 de octubre), con la cadena Fox News (16 de octubre) y con el diario colombiano El Tiempo (17 de octubre). Parece considerar que ha llegado la hora de otra estrategia.
El nuevo tono se nota en dos puntos. Sigue agradeciendo a Trump, pero critica el contrato petrolero: Betancourt no es un socio, y respetará los contratos solo si se ajustan a la ley venezolana. Y exige una fecha: “La fecha de las elecciones es la fecha de la liberación.” No se conoce una reacción expresa del gobierno de Trump a este tono. Trump la llama “una mujer excelente” y elogia a la vez a Rodríguez.
Colombia también tiene interés en la respuesta. Machado le dijo a El Tiempo que no habrá paz duradera en Colombia sin democracia en Venezuela. El régimen, afirmó, entregó el territorio como santuario al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y descartó cooperar con Rodríguez contra ellos. Rubio dijo en septiembre, en una visita a Colombia, que ambos grupos operan en Venezuela con impunidad, que se habló de bombardeos y que allí aún no hay garantías de seguridad. Solo con instituciones legítimas, según Machado, la frontera pasará de zona gris del crimen a zona de seguridad.
Machado ya ha demostrado que asume riesgos: en 2024 dirigió la campaña durante meses desde la clandestinidad.
Calle y mesa
La presión desde abajo se mide en cifras. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contó en agosto 652 protestas, un 288 % más que en el mismo mes del año anterior, cuando fueron unas 170. El 13 de octubre, sindicalistas marcharon por Caracas y pidieron salarios más altos y elecciones cuanto antes. El 17 de octubre, venezolanos en el exterior se manifestaron en al menos 17 países bajo el lema “Pongan la fecha”. No hay cifras sobre la asistencia. Para el 22 de octubre, tercer aniversario de la victoria de Machado en las primarias, su partido, Vente Venezuela, convoca concentraciones en todo el país.
En la Mesa de Negociación se sientan desde el 1 de agosto gobierno y oposición bajo supervisión política de Estados Unidos. Por el gobierno negocia Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada; Washington lo retiró de la lista de sancionados el 14 de octubre. Por la oposición, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Machado y González no están. Resultados hasta ahora: en la primera ronda, en agosto, se acordó un nuevo procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; en la segunda, en septiembre, se reabrieron más de 60 portales de noticias bloqueados. La tercera ronda, desde el 14 de octubre, vuelve a ocuparse del tribunal. Después vendría el Consejo Nacional Electoral y, al final, una fecha. Figuera fija como meta noviembre para el tribunal y diciembre para el órgano electoral, pero el politólogo Ángel Medina lo considera irreal.
Ahí está la cuestión de fondo: el gobierno puede ponerse de acuerdo sobre todas las instituciones y dejar la fecha abierta. Rodríguez dijo a finales de septiembre solo que se votará “en el lapso que establece la Constitución”. El secretario de Estado Rubio pidió el 9 de octubre “elecciones libres y democráticas”, pero no mencionó una fecha. Los partidos tradicionales Acción Democrática y Copei están bajo intervención judicial, y el partido de Machado, Vente Venezuela, no tiene habilitación legal.
Hasta cuándo habría que votar
Las condiciones para unas elecciones justas las resumió en diez pasos el constitucionalista José Ignacio Hernández, antiguo procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, en el programa del periodista venezolano César Miguel Rondón. El último prevé un garante externo, y hoy ese garante solo puede ser Estados Unidos.
Circulan varios calendarios. El senador republicano Bernie Moreno, colombiano de nacimiento y senador por Ohio, propone el 24 de julio de 2027, y la plataforma de Machado lo respalda. En la Casa Blanca se considera realista 2028. Los observadores calculan de seis a nueve meses para preparar unas elecciones, si hay voluntad. Haciendo la cuenta hacia atrás, las condiciones tendrían que estar a mediados de 2027, las elecciones a fines de 2027 o comienzos de 2028 y en ningún caso después de mediados de 2028. La reconstrucción institucional posterior lleva años, más allá del mandato de Trump, que termina en enero de 2029. Por eso hace falta el garante externo. No tendrían que ser elecciones perfectas, dice Naím en ese mismo programa: bastan algunas condiciones y luego una votación.
Es probable que los poderosos hagan otras cuentas. Hay tres caminos posibles. Primero, dilatar el proceso hasta que pasen las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2028 y Washington tenga otras preocupaciones. Segundo, permitir elecciones, perderlas y conservar el aparato y los militares, como en Nicaragua, donde el Frente Sandinista perdió las elecciones en 1990 y Daniel Ortega regresó en 2006. Tercero, sacrificar a algunos de los criminales de sus filas, como Diosdado Cabello, y presentarse como partido nuevo y legal con quizá entre el 10 y el 15 % de los votos. Por el momento, los dos primeros caminos son más probables.
La responsabilidad de Washington
La pregunta de Hausmann, si Estados Unidos quiere conquistar o liberar, se responde en la tercera fase. Venezuela necesita sumas enormes para reconstruirse. Solo llegarán si hay confianza y seguridad jurídica, y eso no lo crea un contrato petrolero con un empresario de dudosa reputación mientras falten tribunales independientes, partidos habilitados y un órgano electoral creíble. Una fecha electoral todavía no es democracia. Pero sin una fecha vinculante, la transición se convierte en una solución permanente y la liberación en un reordenamiento del viejo régimen con otro nombre.
Con la fecha electoral, buena parte del trabajo apenas comienza. El catálogo de Hernández incluye el fin de las inhabilitaciones políticas, la habilitación de los partidos, la derogación de la ley contra el odio, de la ley antibloqueo y del control sobre las organizaciones no gubernamentales, un registro electoral depurado con voto en el exterior, nuevos rectores electorales designados por un comité independiente, un Tribunal Supremo reorganizado, observadores internacionales, justicia transicional, amnistía y regreso de los exiliados y, como décimo paso, el garante externo. Nada de eso ocurre por sí solo.
Estados Unidos derribó a Maduro y tiene la responsabilidad de lo que viene. Trump tiene en Venezuela su único éxito de política exterior. Lo desperdicia si deja al país en una situación en la que su contrato petrolero acabe ante los tribunales tras el primer cambio de poder y la calle se vuelva contra Rodríguez. Una fecha electoral es la vía más barata para asegurar ese éxito.Machado, la sociedad civil, los sindicatos, los periodistas y los expertos la exigen. Pero solo Washington puede fijarla y garantizarla.