En Colombia, después de la aprobación de la ley 11 de 1986 y de los procesos de formación realizados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en las comunidades a través de programas como el de Capacitación Integral para las Comunidades Urbanas (CIPACU) y Capacitación para las Comunidades Campesinas (CAPACA), se originó un proceso de participación ciudadana donde los líderes sociales, en especial los de las Juntas de Acción Comunal, se apropiaron de las leyes y del concepto ético y de organización comunitaria aprendida en la formación recibida para intervenir ante las autoridades locales, regionales y nacionales para hacer efectivos sus derechos.
Fue así como Cartagena se convirtió en modelo de la intervención de la ciudadanía en forma individual o colectiva en Colombia para conseguir la solución a los problemas sentidos de las poblaciones, utilizando las disposiciones legales que facultaban a las personas a presentar peticiones ante las autoridades y a promover la reactivación de las organizaciones sociales como base de la democracia local. De ahí nació en 1987 la propuesta de la dirigencia comunal al Concejo de Cartagena de dividir el territorio en 33 comunas y 15 corregimientos, donde se debía elegir por el voto popular una Junta Administradora Local que representara a la ciudadanía residente en los respectivos territorios urbanos y rurales.
Todo lo narrado nos sirve de preámbulo para afirmar que la participación ciudadana es un requisito indispensable para lograr el desarrollo socio económico integral de las naciones, partiendo desde el nivel local, donde se requiere que la población auto reconozca su deber de actuar con responsabilidad en todos los actos de la vida social y demócrata; que así como las autoridades tienen funciones delegadas por la Constitución y las leyes, las personas en las comunidades macros y micros tienen deberes que cumplir como los establecidos en el artículo 95 de la Constitución como: respetar los derechos de los demás, actuar con solidaridad social, defender los derechos humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria. Proteger el medioambiente, financiar los gastos e inversiones del Estado.
Desde la ética corresponde a los ciudadanos aportar desde sus habilidades y cualidades al bienestar individual y colectivo, algo que en Cartagena tenemos que poner en práctica, por ejemplo, en la protección del medioambiente, es inaceptable que se acepte como normal la existencia de basureros por todas partes, aunque las empresas de aseo recojan oportunamente las basuras. Eso es irresponsabilidad ciudadana.
