Desde niño despertó mi curiosidad la violencia como respuesta a los conflictos sociales, fui testigo del desenlace de uno de ellos. Mi padre, miembro de la Armada Nacional, recién llegado de la guerra de Corea fue trasladado a los Llanos Orientales con la misión de unirse a la neutralización de los sediciosos dirigidos por Guadalupe Salcedo. Allí movía mi asombro escuchar las narraciones acerca de la crueldad de los bandoleros. Hoy, como psiquiatra, sigo estudiando la conducta humana normal y también la desadaptada. Llaman mi atención las causas del terrorismo y de la criminalidad, pero especialmente sus consecuencias en la salud mental.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cumplirá próximamente 10 años operando sin cumplir sus objetivos principales: obtener la verdad y garantizar la reparación de las víctimas. El presidente Abelardo de la Espriella la ha calificado como un “directorio político disfrazado de tribunal”. Esta jurisdicción nace de una apuesta fantástica con la que no estuvimos de acuerdo la mayoría de los colombianos -el supuesto de que traería paz al territorio-, su fracasada tesis formulada pensando con el deseo pasó a convertirse en una falaz trampa de la razón. Nació politizada: ha demostrado ser indulgente con perpetradores, favoreciéndolos con penas irrisorias; pero ferozmente persecutora de militares y policías, quienes, exponiendo su integridad y su vida, combatieron a los narco-guerrilleros y lograron preservar la institucionalidad, el orden social y, consecuentemente, la estabilidad de la Nación.
Cuando el prestigio de una institución se resquebraja, la tentación más antigua consiste en buscar una víctima propiciatoria. Al señalar a un responsable concreto y ofrecerlo al juicio público, la organización intenta separar su propia imagen del fracaso que la amenaza. El sacrificio simbólico de un individuo transmite la impresión de que el orden ha sido restaurado y de que la falta residía en una parte y no en el todo.
La semana pasada, la JEP, aparentemente en respuesta a lo que considera ataques del presidente De la Espriella y conocedora de su afinidad con las Fuerzas Armadas, intentó imputar con tufo de venganza a un general en retiro y a otros diez miembros de la Armada y de la Policía Nacional. Conozco personalmente a uno de ellos; me une una gran amistad con el general (r) Rodrigo Quiñones. Soy testigo de su admirable y esforzada trayectoria como ser humano y como oficial de la institución, y no me cabe duda alguna acerca de su respeto por la ley y la Constitución. Es un héroe silencioso que contribuyó a controlar la insurgencia en los Montes de María, a quien los habitantes del departamento de Bolívar le debemos gratitud, y no un juicio artero y venal como el que se pretende.
*Psiquiatra.

