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Columna

Capitán Antonio Ricaurte: Salve usted la patria

Fueron diferentes eventos desafortunados los que llevaron a Colombia a la mala hora de la matriz energética.

Santiago Soto Luna

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El pasado 4 de noviembre Ecopetrol y el gobierno nacional anunciaron la inclusión del gasoducto Antonio Ricaurte, como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE), gasoducto que va desde el lago de Maracaibo en Venezuela, hasta la estación Ballenas en la Guajira- Colombia. Esta infraestructura binacional fue inaugurada en 2007, en las presidencias de Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez, y que, suspendió su operación hacia el año 2015 con base a la creciente tensión entre ambos países.

Tras una década sin operar, hoy se vuelve a traer a la discusión nacional, ya no como en otros tiempos, que era una alternativa comercial más, sino ahora, como una necesidad imperiosa con el fin de, en el mediano plazo, acortar el déficit de gas y por consiguiente la crisis energética que atraviesa el país. Tras las predadoras políticas del gobierno Petro, contra la industria de la minería y de los hidrocarburos, como la de no suscribir nuevos contratos E&P, o la alta carga tributaria impuesta a la industria extractiva que desincentivó la inversión, la producción fiscalizada de gas cayó cerca de un 31% a corte de 2025, y para agosto de 2026, la dependencia de gas importado ya era del 34% con proyecciones de ascender por encima del 40% para 2027, de acuerdo al informe “infogas 2026”.

Fueron diferentes eventos desafortunados los que llevaron a Colombia a la mala hora de la matriz energética, por un lado, como bien se mencionó las políticas anti industria del anterior gobierno, la falta de modernización en infraestructura para importar gas, y sumado a lo anterior, la llegada del fenómeno del niño o super niño, que pone a prueba la capacidad institucional y técnica del país, para superarlo sin llegar al apagón, pues al racionamiento ya arribamos hace algunos meses.

Para entender la importancia de la puesta en marcha del gasoducto Antonio Ricaurte, es necesario tener presente que, desde 1977 Colombia fue autosuficiente en materia de gas, las importaciones del hidrocarburo se utilizaban únicamente para atender las demandas de las térmicas en la costa caribe, sin embargo desde 2024 se empezó a destinar parte de esta para atender otras necesidades como la de los hogares e industrias; dicho esto, actualmente el consumo nacional de gas está alrededor de los 1.058 MPCD, de los cuales 717 son gas nacional y 341 aproximadamente, son gas importado, lo cual equivale a 32% de la demanda del país. El gas importado en mención ingresa al país por la única infraestructura de regasificación que opera actualmente, la SPEC (Sociedad Portuaria del Cayao), que hoy tiene una capacidad de 400 MPC y una prospección de 500 MPC. Existen otros proyectos de regafisicadoras, entre esas la del pacifico que, tras numerosas modificaciones de la fecha de puesta en marcha, se espera que empiece a operar en el mes de diciembre de 2026, con capacidad inicial de 90 MPCD y gradualmente poder regafisicar 400 MPCD.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, el gasoducto Antonio Ricaurte entra a la discusión como fuente externa de suministro de gas, lo relevante de este proyecto, además de coadyuvar a cerrar la brecha entre oferta y demanda del hidrocarburo y disminuir el déficit, es que el gas que se importe por el ducto de 225 km (80km en Colombia y 137 km en Venezuela) podría ser mas económico que el que actualmente se importa por la SPEC. En ese sentido, estamos hablando de que costaría alrededor de USD 6 por MBTU frente a USD 25 MBTU que cuesta actualmente el gas que ingresa por SPEC. Estas cifras de acuerdo al Doctor Sergio Cabrales, profesor de la universidad de los Andes.

No obstante, la intención de los gobiernos de cada país, a través de Ecopetrol y PSVSA de sacar adelante este proyecto, hay retos por delante y procedimientos que surtir, el mas importante es contar la autorización de Estados Unidos, a través de la obtención de una licencia OFAC, que habilite a la estatal venezolana a llevar a cabo este acuerdo comercial con Colombia para suministro de gas. Por el lado colombiano además de esta habilitación, también se deberán surtir seguramente espacios de consulta previa, licenciamiento ambiental, negociaciones de servidumbres, entre otras; todas estas en todo caso servirán para evidenciar la eficacia de las nuevas políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella frente al desarrollo de infraestructura estratégica.

El mencionado proyecto fue categorizado como PINE, lo cual, en el papel, le da una prioridad para su ejecución, celeridad en algunos trámites, facultad de expropiación e imposición de servidumbres vía administrativa en tiempos mas cortos, entre otros; sin embargo, la Sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional, ya había puesto freno de mano al alcance de los proyectos PINE, conminando a lograr eficiencia administrativa sin debilitar las garantías sociales, ambientales y del territorio.

En todo caso esta categorización, resulta casi irrelevante si se tiene presente que es un proyecto de interés general, y este es un principio fundamental de Colombia como estado social de derecho, así mismo, el articulo 365 de la carta magna, establece que servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. De igual forma la Ley 142 de 1994 en su artículo 56 y subsiguientes, declara de utilidad pública e interés social la ejecución de obras para prestar los servicios públicos. En ese sentido, tiene una relevancia constitucional y normativa que es superior a cualquier declaratoria como PINE, aunque esto último si puede agilizar los eternos trámites administrativos en los que caen los proyectos de infraestructura en nuestro país.

A pesar de la relevancia que tiene la eventual puesta en operación del gasoducto, esto debería ser para atender la demanda y reducir el déficit con gas económico en el mediano y corto plazo, pero el objetivo primordial en paralelo debe ser la recuperación de nuestra soberanía energética y autosuficiencia en la producción y consumo de hidrocarburos, pues ya volátil geopolítica mundial nos ha dejado lecciones los últimos años, entre esas, lo riesgoso que es depender de terceros para el abastecimiento del sector energético en un país.

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