Muy valiente y coherente la actitud de los pocos representantes a la Cámara que votaron No al proyecto de cadena perpetua para abusadores de menores, con lo que desafiaron la cómoda posición de seguir por el sendero populista, dándole a las masas lo que quieren ver sin reflexión alguna y así sacar fáciles réditos en las urnas.
Los ataques fueron en el acto, este grupo de legisladores fue expuesto a un linchamiento mediático derivado, extrañamente, del sagrado derecho al disenso en el devenir democrático de producción de leyes, donde aquel ejercicio dialéctico es esencial para lograr un acercamiento a la justicia efectiva.
Las prerrogativas de los niños, niñas y adolescentes son primordiales, en especial la libertad, integridad y formación sexual; los esfuerzos que se hagan para garantizarlos son insuficientes, por eso apoyé la ley 1918 de 2018, que regula la opción de estar lejos de los criminales sexuales. Es vital mantener a los pequeños distantes de todo mal y que reciban las atenciones necesarias para su sano desarrollo y así garantizarles un futuro esplendoroso.
Discusión distinta es la relativa al castigo que deben recibir quienes transgreden las garantías de los menores, sobre todo los delincuentes sexuales. Sostengo inicialmente que el fin primordial de la pena es la resocialización, pues, la venganza es una práctica retrógrada alejada de todo criterio humanista, la sanción debe ser digna y en ella no pueden anularse la esperanza, las segundas oportunidades y la opción de recomponer el camino.
Además, existe prohibición constitucional y de instrumentos internacionales ratificados por Colombia al trato cruel e inhumano; tenemos un sistema judicial caracterizado por recarga laboral y morosidad, caldo de cultivo para decisiones erráticas; las penas crueles no tienen el efecto de persuadir, ante sanciones drásticas se evidencia que los índices de criminalidad no disminuyen; la proposición de endurecer el castigo es un reflejo de populismo punitivo que solo crea una falsa sensación de solución al conflicto, pero que en la realidad permanece con más arraigo ante el olvido de su etiología; los esfuerzos deben encaminarse a evitar la trasgresión, educar, fortalecer lazos afectivos, brindar atención psicológica integral, identificar poblaciones en riesgo y monitorear a violadores.
Por estas razones opino en contra de la prisión perpetua, el Estado no puede usar métodos bárbaros equiparables al crimen que dicen combatir, aún más cuando estos resultan ineficaces para el fin perseguido. El suplicio suele justificarse para quien comete delitos atroces, así empieza, luego termina siendo la regla general. Me quedo con Abraham Lincoln, cuando expresó: “Siempre he encontrado que la misericordia tiene frutos más ricos que la justicia estricta”
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