Las firmas barranquilleras AE Ingenieros Civiles y JMD Ingeniería de Proyectos conforman el Consorcio Parques Culturales de Bolívar, al que la administración de Vicente Blel le adjudicó, en septiembre, la construcción del Parque del Jazz en Mompós por $30.621 millones.
Esa intervención en la albarrada momposina, con la que la Gobernación busca crear un espacio idóneo para el Festival Internacional del Jazz, se pagará con recursos que el Ministerio de Cultura debe girarle al Departamento y por los que hay especial vigilancia periodística, desde la semana pasada, por tres razones.
La primera tiene que ver con los problemas que ha tenido una de las empresas del consorcio (AE Ingenieros) por obras en San Juan Nepomuceno, para intervenir un acueducto por $4.758 millones, y en Santa Marta, para el paisajismo en escenarios deportivos por $3.962 millones. Por esas inversiones, la Contraloría inició procesos de responsabilidad fiscal.
Sobre el acueducto, la Contraloría dijo en 2020 que “no está en condiciones de cumplir con la función, servicio o finalidad” a la que estaba destinado y por tanto el detrimento podría sumar $3.364 millones. Y sobre las obras de urbanismo, ese ente encontró deterioro en bordillos, problemas en la siembra y el mantenimiento de zonas verdes y rejillas ausentes en los sumideros de agua.
Pese a esos cuestionamientos, la empresa barranquillera estaba habilitada para concursar por la licitación que convocó la Gobernación de Bolívar porque hasta tanto no tenga una sanción penal, fiscal o disciplinaria, el sistema de contratación público le permite participar y seguir contratando.
La segunda razón por la que el convenio entre el Mincultura y la Gobernación tiene lupa se debe a su posible uso con fines electorales, pues se firmó ad portas de las elecciones legislativas y, justo, convenios de este tipo son los que podrán seguirse celebrando, el próximo año —antes y durante las elecciones—, entre gobiernos locales y ministerios, tras la modificación que el Congreso aprobó hace un par de semanas a la Ley de Garantías. Aunque valga decir que la Gobernación había gestionado esos recursos hace meses.
Y la tercera razón de la vigilancia se remonta a 2019, cuando en unos audios divulgados por W Radio se escucha al padre y jefe político del gobernador Blel, Vicente Blel Saad —condenado por parapolítica—, hablar de repartición de porcentajes por contratos entregados durante el gobierno de Dumek Turbay. Allí los Blel tuvieron burocracia a través de Aguas de Bolívar. Desde entonces, la plata pública que administra Blel está eclipsada por esas grabaciones.
Con tantos reflectores encima, la Gobernación tiene ahora el reto de garantizar una ejecución sin tropiezos y transparente, máxime porque Mompós necesita un escenario a la altura de su Festival, que hasta antes del coronavirus movía hasta $12.000 millones por cada edición. Sin embargo, sus plazas se quedaban pequeñas ante la asistencia masiva de melómanos.
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