Columna


Pagar por usar, la equidad social de las concesiones

HECTOR CARBONELL

06 de febrero de 2021 12:00 AM

Pagar por usar es el principio básico del esquema de concesión que ha demostrado ser eficaz para resolver la necesidad del país de modernizar su infraestructura vial.

Desde ese criterio, tan simple como equitativo en términos sociales, este esquema complementa al Estado, que no tiene los recursos fiscales suficientes para ejecutar exclusivamente con inversión pública todos los proyectos de este tipo, y activa la extensa cadena de valor del sector de la construcción de obras civiles, uno de los mayores motores de la economía.

Fedesarrollo calcula que la inversión de un billón de pesos en proyectos concesionados genera 28.204 empleos, el programa 4G, creará 1.2 millones de puestos de trabajo y la primera ola de las 5G, otros 500.000. Un estudio reciente de esa entidad muestra que ante un incremento de $1 en la demanda de obras civiles, la producción de todos los sectores de la economía se incrementa en $2,7. Esos datos permiten entender la dimensión de su efecto multiplicador en la economía.

Por eso, los gobiernos de todos los niveles deben ser los primeros defensores del esquema de las concesiones, puesto que es el instrumento que más les ayuda a mejorar la infraestructura de sus territorios, y con ello, su competitividad y las condiciones de vida de la población.

Desde estos razonamientos aprovecho este espacio que generosamente me ha concedido El Universal, para invitar, con el debido respeto, al alcalde de Cartagena, William Dau, a que firme el contrato del megaproyecto del Corredor Portuario y Quinta Avenida de Manga, adjudicado a la firma KMA Construcciones, originadora de la APP de la iniciativa privada y que se ganó el derecho a ejecutarlo, mediante una concesión a 30 años.

Los beneficios del megaproyecto no admiten discusión. Se trata de una inversión de 2 billones de pesos en la construcción y rehabilitación del corredor que modernizará y ampliará el sistema vial de la ciudad con nuevas calles e intersecciones, aportará parques y puentes peatonales, mejorará sustancialmente la conexión con el sector industrial, y diseñará un futuro túnel para comunicar a Bocagrande con Manga.

El impacto social también se sentirá en términos de tiempos de desplazamientos más reducidos, mayor seguridad vial, disminución de la congestión vehicular, ahorros en combustibles, mejora de la calidad del aire, y generación de 6.000 empleos.

Negarle al adjudicatorio del proyecto el derecho adquirido es exponer a Cartagena a unas acciones legales que podrían lesionar seriamente su manejo fiscal, condenar a la ciudad a postergar indefinidamente una solución al grave problema de tráfico vehicular en la zona de influencia directa e indirecta de la iniciativa, y enviar un mensaje contrario al interés y necesidad que tiene de atraer inversión para suplir las necesidades que el Estado no puede atender y para fortalecer su economía.

La empresa privada debe recuperar su inversión y obtener utilidades por el ejercicio de su negocio. Eso tampoco admite discusión. Y el medio para hacerlo en este tipo de proyectos es el cobro del peaje a quien use la infraestructura. No hay otra manera de aplicar equidad en un sano ejercicio de progreso social como el que trae consigo este megaproyecto.

Bajo ese mismo criterio debe salvaguardarse el derecho de la Concesión Vial de Cartagena S.A., a cobrar los peajes que operan en ella, incluso con las decisiones tomadas recientemente por la Contraloría General de la República dentro del proceso de responsabilidad fiscal que puso en marcha por el supuesto detrimento patrimonial que le habría causado al Distrito.

Primero, porque aún no se ha imputado responsabilidad fiscal a los vinculados al proceso ni se ha proferido ningún fallo en tal sentido. Segundo, porque el recaudo de peajes está amparado por un contrato que goza de presunción de legalidad y debe ejecutarse de buena fe por las partes. Tercero, porque la Contraloría General de la República no tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad o licitud del contrato. Cuarto, porque, aunque el órgano de control puede decretar medidas cautelares, éstas no podrían recaer sobre el recaudo de peajes puesto que esa competencia sólo la tienen los jueces.

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