Ya sé que de esto poco se habla, y menos en estos días de campaña presidencial y fiebre mundialista, pero es necesario volver, insistir, persistir en el seguimiento a los avances de la implementación del Acuerdo de paz en las regiones.
Voy, pues, a insistir. La Agencia de Renovación del Territorio (ART), inició el cumplimiento de uno de los compromisos de la Reforma Rural Integral: la construcción de un plan de acción a 10 años, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en 170 municipios caracterizados por su pobreza, debilidad institucional, impacto del conflicto y presencia de economías ilícitas.
Cuando el presidente Santos los presentó hace un año puso como plazo de entrega mayo de 2018, pero el proceso se atrasó, entre otras razones por la falta de diligencia del Fondo Colombia en Paz. Ahora acaba de anunciar que al terminar su mandato entregará 12 planes, entre ellos el que corresponde a los 15 municipios de Montes de María. También los de Sierra Nevada, Perijá y Sur de Córdoba.
Tarea difícil, ya que en solo dos meses deberá construirse un gran acuerdo sobre el rumbo del campo, que involucre a comunidades campesinas y étnicas, gobiernos locales, y empresas extractoras de minerales, productores de palma, banano o maderables, que se expandieron después del conflicto.
Es urgente entonces que las organizaciones sociales, comunitarias, la academia y el Ministerio Público, presten atención a este proceso que marcha en silencio, a pesar de su complejidad y trascendencia. La ART ha insistido en que los PDET no son instancia para resolver los conflictos por las diversas visiones de desarrollo económico y social en los territorios, pero lo cierto es que son escenarios de encuentro que pueden ser clave para construir paz o profundizar tensiones, como las existentes entre palmeros y campesinos.
Ante tremenda responsabilidad y tan poco tiempo, es vital que la ART asegure diálogos equitativos que partan de analizar el contexto y reconocer las asimetrías entre quienes estarán sentados en la mesa. Así mismo, debe asegurar transparencia, participación de actores clave y garantía de seguridad para quienes participan.
Las decisiones de política económica suelen disminuir el eco de las voces campesinas, afros e indígenas, y potenciar la de quienes tienen acceso al poder político y capacidad de cabildeo en los escenarios de decisión. Lo que se propuso en el Acuerdo, y debe implementarse con los PDET, es desarrollar la economía campesina y familiar, formas propias de producción, y mecanismos que aseguren inversiones públicas progresivas en salud, educación vivienda, acceso a tierra, entre otras, que tengan efecto transformador y reparador. Por esta y otras razones no hay que dejar morir el tema en medio de votaciones y partidos de fútbol.
*Investigadora Dejusticia
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