La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 con sus implicaciones sociales, económicas y ecológicas, han desnudado las persistentes desigualdades sociales, el abandono del Estado con un modelo económico excluyente a las poblaciones vulnerables.
El nivel de desigualdad absoluta con un Gini del 0,97 donde 1,0 es desigualdad máxima, explica desde la óptica de la economía por qué las reglas tributarias favorecen a los super ricos con el pretexto de reactivación económica y el empleo.
Hoy es una realidad que un gran número de colombianos tiene que salir a diario a la calle para solucionar su NBI, muchos de ellos no han recibido la poca ayuda del Gobierno, ni están dispuestos a dejarse morir de hambre con sus familias.
Es necesario que el Gobierno y el Congreso apruebe una renta básica para las poblaciones vulnerables, que no debe confundirse con los subsidios o bonos de pobreza que cubre una supervivencia ínfima durante meses de las cuarentenas.
Ineficientes sistemas de transporte públicos para la movilización de pacientes como para la población en general, comunidades muy pobres que encuentran en los medios de transporte informales sin dios ni ley, la única opción de movilizarse.
Hoy conocemos la cruda realidad de los colegios públicos sin recursos, abandonados a su suerte, servicios públicos deficientes, baterías de baño inadecuadas, trabajadores de aseo, vigilancia, PAE, transporte tercerizados, sin garantías de trabajo digno.
Cuando la salud es un burdo negocio, ley 100 de 1993, particulares EPS, ARL, IPS, se despachan sin piedad los recursos públicos en transferencias en el sector, no trabajan ni invierten en prevención, el COVID-19 nos cogió con los pantalones abajo.
Es muy lamentable que ser trabajador de la salud en tiempos de pandemia es un sacrificio poco valorado, pésimas condiciones laborales, desmejoras salariales y prestacionales, alto riesgo de contagio y la estigmatización en sus comunidades.
Los especialistas carecen de prestaciones de ley y no les pagan salud, pensiones ni cesantías, porque paradójicamente, muy a pesar de sus especialidades no tienen el derecho constitucional ni garantías laborales y seguridad social integral.
La crisis de la política pública en inversión social es una pandemia desde hace 30 años que no se puede tapar. Sin salud, educación, vivienda, trabajo digno, hay que generar un país en el que se gobierne para todos y no para unos grupos económicos.
El ciudadano de a pie está reflexionado, con una silenciosa acumulación de fuerzas de inconformes, que están cansadas de la corrupción y politiquería, se convierten en una bomba de tiempo para un necesario cambio político y económico en el 2022.
*CUT BOLÍVAR.