Las nuevas generaciones de abogados se han vuelto insensibles ante la situación de la Justicia en Colombia. A diario leemos sobre nuevos casos de corrupción en todas las instancias de la rama; vemos como habitual en los juzgados cientos de carpetas de procesos, represadas; y muchos nos resignamos a aquello de que “un buen abogado conoce las normas” pero “el mejor abogado es quien conoce al juez”.
En últimas, vivimos con una Justicia que estará en crisis hasta tanto no se resuelva la dinámica que generan las instituciones que no están dispuestas a tomar decisiones para que esta situación cambie.
En los últimos dos gobiernos se presentaron al menos siete propuestas de reforma a la Justicia. Se destaca al respecto el segundo proyecto en el gobierno Santos, que buscaba una reforma integral al equilibrio de poderes. Es la reforma que, por cierto, suprimió la reelección presidencial y que pretendía reformar desde sus cimientos la rama judicial.
Si bien logró lo primero, la Corte Constitucional, al realizar el control de constitucionalidad, no la declaró exequible toda.
Estos fracasos son un mal precedente para el actual proyecto, que busca introducir ajustes estructurales que aún no resuelven cuestiones de fondo, como, por ejemplo, garantizar las inversiones que necesita la rama judicial. Esta es la base sobre la cual debieron partir las anteriores siete reformas.
Cabe también mencionar las necesidades de capacitación de los jueces, que no son solventadas por la Escuela Judicial, desde temas étnicos hasta asuntos donde intervienen las nuevas tecnologías.
Se requieren jueces más y mejor capacitados, que ayuden a recobrar la confianza institucional. No es casualidad que el sector privado con frecuencia opta por recurrir al arbitraje ante la falta de conocimientos especializados de los jueces, o que se dilaten los tiempos de actuación, dada la infraestructura de la rama.
Otros temas que quedan pendientes son el diseño de estrategias dirigidas a fomentar una cultura de la legalidad que, siendo una de las prioridades declaradas del gobierno Duque, busca que desde las instituciones del Estado la Justicia sea confiable, eficaz, eficiente y cercana a todos los ciudadanos.
Para lograr este objetivo se requieren desde luego propuestas concretas que faciliten las condiciones de acceso de la sociedad colombiana a la justicia; un acceso oportuno e inmediato.
En últimas, una reforma con estos requerimientos mínimos para un Estado Social de Derecho como el nuestro no debe demorarse.
“Se requieren jueces más y mejor capacitados, que ayuden a recobrar la confianza institucional. No es casualidad que el sector privado con frecuencia opta por recurrir al arbitraje (...)”
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