La gran paradoja del proceso de paz que se está iniciando es que empezó hace dos años y medio, en el gobierno del expresidente Uribe, ahora su más enconado crítico.Es justamente el largo tiempo que se han demorado el Gobierno y las Farc en decidir conjuntamente que estaban dispuestos a empezar negociaciones de paz lo que de entrada diferencia a este proceso de los que se intentaron en el pasado.
Se necesitaron decenas de mensajes, reuniones, encuentros y discusiones, en medio de los más graves episodios de guerra, para acordar la metodología y la agenda de esas conversaciones, que avanzaron en medio de un sigilo insólito para un país acostumbrado a las filtraciones.
A diferencia de la amplia y casi utópica agenda de discusión en las fallidas negociaciones de paz en El Caguán, cuyos 12 puntos incluían objetivos demasiado generales como revisar la estructura económica y política del Estado, reformular la deuda externa y establecer una política de explotación de los recursos mineros y naturales, esta vez la agenda solo incluye 5 puntos, lógicos y realistas, sobre cuyos avances pueden realizarse verificaciones con mucha facilidad.
No se negociaría entonces la destrucción de nuestra estructura institucional, sino la manera de realizarle ajustes.
El primero de los 5 puntos, el desarrollo rural, que incluye el acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones apartadas y que los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo, ya es una política que está ejecutando el presidente Santos con la Ley de Tierras y Desarrollo Rural.
Las garantías para la participación política y el ejercicio de la oposición están contenidas en la Constitución de 1991, pero ha sido dificultoso llevarlas a la realidad, un problema que debe resolverse con o sin negociaciones.
Es un gran logro del Gobierno haber acordado incluir el tercer punto, el fin mismo del conflicto armado, que abarca la dejación de las armas y la reintegración de las Farc a la vida civil, con las respectivas garantías.
El combate al narcotráfico será tal vez el punto más difícil, pero al mismo tiempo el que menos influirá en el éxito de las negociaciones. Aunque las Farc nunca han aceptado su participación en el narcotráfico, no hay duda que el desarme y la desmovilización tendrán un efecto sustancial en la manera como se lleva ese negocio actualmente.
Por último, los derechos de las víctimas es un punto que debía estar obligatoriamente en la agenda, porque del esclarecimiento de la verdad y la reparación de las cientos de miles de personas que han sufrido los efectos del conflicto depende que la paz se consolide y facilite la etapa más difícil del proceso, que es la implementación de todo lo que se acuerde.
Los opositores al diálogo, como el expresidente Uribe, consideran grave arrancar sin que previamente las Farc suspendan los ataques y emboscadas, porque no parecen entender que es eso lo que se está negociando, y en la gran mayoría de los procesos de paz en el mundo, el alto al fuego sólo se logró cuando las negociaciones estaban avanzadas.
Es preciso que los colombianos meditemos mucho sobre la petición del presidente Santos de tener paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las Farc o un incremento de la violencia, porque el mandatario aseguró que, de todas maneras, “serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia”.
Amanecerá y veremos.