Hace una semana nos referimos a la crisis por la que atraviesa la Universidad Nacional de Colombia (UN), cuyo detonante fue la elección de José Ismael Peña Reyes como nuevo rector, por encima del candidato que más votos obtuvo en la consulta que se efectuó en marzo, Leopoldo Múnera Ruiz, por cierto, señalado como el más afecto al Gobierno nacional.
No nos imaginamos en ese momento que el actual Gobierno, otrora defensor de la autonomía universitaria (AU) y de la libertad de las universidades públicas para darse su propio destino sin la injerencia de poderes estatales, sería el primero en muchos lustros, incluso por encima de gobiernos de derecha, en romper la tradición de respeto que siempre ha habido por la independencia de las universidades para resolver sus situaciones y circunstancias, los que, si no logran solucionarse internamente, se someten a la consideración de la justicia.
Es indudable que la orden librada por el Ministerio de Educación, de dar un término de 24 horas para que el Consejo Directivo de la UN convocara a una sesión cuyo único punto del orden del día es encargar a un rector de manera transitoria, hasta tanto se adopte una decisión definitiva por parte del Consejo respecto de la conducta de auto posesión del Ismael Peña Reyes, es una abierta injerencia en los asuntos internos de la UN y, por ende, un agravio a la Autonomía Universitaria que regula el Artículo 69 de nuestra Constitución Política.
Con razón, entidades como Ascun, Asiesca, Riescar, Aciet, entre otras organizaciones, han manifestado su desacuerdo frente a la desconcertante actitud del Gobierno.
Lo sensato es que el Ministerio de Educación analice con prudencia sus próximas actuaciones, de entre las cuales pudiera estar la revocatoria de la referida resolución, por demás, dictada con un tufillo dictatorial al haber dispuesto en su parte resolutiva que contra esta decisión no procede recurso alguno. Ese tufillo es aún más preocupante, porque no es un acto administrativo aislado.
En efecto, otras dependencias del Gobierno nacional han expedido actos similares, esto es, en los que no se tiene en cuenta la naturaleza controversial que pueden tener las decisiones que adoptan los funcionarios públicos, razón por la que es excepcional que no se admitan recursos, lo cual solo es factible cuando una norma expresamente lo restringe.
Cualquier decisión con efectos jurídicos debe observar el respeto al debido proceso y al derecho de defensa, con lo cual no puede volverse una práctica entre los operadores del Poder Ejecutivo dictar órdenes o mandatos inapelables.
Más bien, antes de atentar contra la AU, lo correcto sería que el Ministerio promueva un diálogo constructivo que procure la pronta solución de la crisis que se padece en la UN, pues las afectaciones que se les está propinando a la comunidad universitaria y a otros estamentos sociales son incalculables.