No se entiende el afán del presidente de la República, de buscar culpables en los actuales alcaldes por la no reducción de los infames precios de la energía eléctrica que consumen inmisericorde e injustamente las finanzas de los hogares e instituciones públicas y privadas.
El presidente ha dicho, en un evento celebrado en el municipio de Sabanalarga, que el Gobierno nacional cuenta con la voluntad de modificar el esquema tarifario de la energía en el país, pero que decisiones judiciales y políticas lo han impedido.
Por fortuna, ha reconocido que tiene que procurar un esfuerzo en torno de dicha fórmula, aunque insiste en que no lo ha podido hacer en dos años, porque, en sus palabras, “… una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica, que están ordeñando a toda la sociedad colombiana, ordeñando a la industria, ordeñando a la agricultura y ordeñando al poder productivo de Colombia…”.
Como era de esperar, los alcaldes reaccionaron frente a los cuestionamientos que les hizo el primer mandatario por no adoptar acciones que permitan el desarrollo de proyectos de generación de energía renovables, a quienes, según su dicho, les propuso “… hace unos seis meses, en una reunión y no han llegado. ¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿CVY? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia?”, razón por la que Asocapitales exigió respeto por los burgomaestres, considerando que la Ley 143 de 1994 ordena regular las tarifas de energía, función que corresponde a la Creg, siendo que los “mandatarios locales NO hacen parte de dicha comisión”, la cual es conformada por el Gobierno nacional y expertos comisionados que “no han sido nombrados en su totalidad para que puedan sesionar”.
Dicho en otras palabras, la omisión en la conformación de la Creg es solo atribuible al presidente, quien, además, de entre los que ha designado morosamente, está al menos uno que no podía desempeñar el cargo por no cumplir con los mínimos exigidos por la norma. Según Asocapitales, “desafortunadamente, falta articulación con el Gobierno nacional para materializar estos proyectos rápidamente”, razón por la que dicha asociación vuelve a invitar al “Gobierno nacional a trabajar conjuntamente para materializar acciones concretas que permitan contrarrestar los efectos que esta problemática genera en la Región Caribe”.
A no dudarlo, lo que cuestionamos es la pasividad en una solución urgente que desde hace dos años estamos esperando de Bogotá en relación con lo que estamos pagando los costeños, cuando nadie discute que esa solución es quitarles a los usuarios cumplidos en sus pagos, el costo de las pérdidas no técnicas y otros pasivos que no son atribuibles a los ciudadanos sino al sistema.
En la práctica, ¿quiénes ganan con esa inercia gubernamental en este específico tema?