Cuando las fuerzas vivas de la ciudad se movieron con el objetivo de lograr el apoyo financiero del Gobierno nacional para ejecutar el proyecto de Protección Costera, pocas personas podían imaginar que la entidad asignada, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se terminaría convirtiendo en una de nuestras peores pesadillas.
Aun cuando en el pasado gobierno el liderazgo de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez animó la contratación e inicio de la ejecución del proyecto, abriendo una oficina en la ciudad que era un canal eficiente de comunicación con autoridades y comunidad cartageneras, muy pronto, prácticamente desde el inicio de la administración Petro, el deterioro en la fluidez de la comunicación y en los factores determinantes del desarrollo de la obra se vinieron a pique.
No pasaron muchos meses para comprender que la Ungrd se había convertido en la caja menor de varios altos funcionarios, lo que explica la desatención que, en la práctica, empezó a recibir este proyecto tan sensible para la lucha contra el cambio climático de Cartagena.
Ahora sabemos, con las investigaciones judiciales avanzadas y cinco preacuerdos firmados, que el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza hacia decisiones claves, con retos significativos en la identificación de responsabilidades de altos funcionarios, tras la revelación de redes de corrupción y el desvío de millonarios recursos públicos, situación ante la cual es impredecible el impacto que en la práctica o realidad del proyecto pueden tener esas decisiones judiciales.
Acá, entre tanto, la oficina local palidece ante los retos que quedan, de entre los cuales estaba la esperada firma del otrosí para terminar las playas 1, 2 y 3, lo que suscita angustia en la medida que en días recientes ingresó el agua salada en la Carrera Primera, con los consecuentes estragos.
Esto le está haciendo un tremendo daño al turismo de la ciudad, aunque lo ya terminado por el contratista compensa. Pero es que produce aflicción que pareciera que en el alto Gobierno poco importa lo que se está viviendo con ese proyecto, al punto que no pocos cartageneros afirman, por supuesto con picardía, que cuando reinicien las obras nos tomaremos la champaña guardada para cuando terminen el proyecto. Ni qué pensar de las cuentas por lucro cesante y demás afectaciones a favor del contratista.
Es que, si se reiniciaron los trabajos en la Playa 3, por la clara presión del alcalde y de entes gremiales, ya se prevé que los operadores de esos sectores bloqueen los trabajos debido a que la Ungrd debe todavía dineros pasados a dichos trabajadores de la economía informal.
¿Por qué, si la Ungrd firmó el otrosí, no han girado los pagos a los operadores de la playa? ¿Qué más se puede hacer como ciudad para que acabe este incordio?