Conocidos los resultados de la industria turística en Colombia en 2025 y viendo el comportamiento de 2026, hay razones de sobra para inquietarse. Mientras en el mundo se consolida la recuperación de este potente motor de la economía después de la pandemia, en el país se experimenta una regresión estructural.
En efecto, el desplome del 15,4% en la llegada de visitantes no residentes, equivalente a la pérdida de 1,1 millones de personas, no es un bache estadístico; es síntoma de una crisis de competitividad y seguridad que afecta especialmente al sector formal de esta industria.
Los datos son, incluso, sorpresivos, si tenemos en cuenta los mensajes habituales del Gobierno celebrando éxitos en la industria sin chimeneas. Pero lo que reporta Cotelco muestra una realidad que rompe con esa idea, en tanto que el ligero crecimiento del 4,7% en extranjeros no residentes no compensa la estrepitosa caída del 56,6% en los colombianos residentes en el exterior que regresan al país. Este grupo, tradicionalmente fiel, parece estar optando por otros destinos ante el deterioro de la seguridad (con aumento del 211% en secuestros, por ejemplo) y el encarecimiento de los costos de vida internos. Duele que Colombia está perdiendo su atractivo, incluso para su propia diáspora.
De otra parte, el crecimiento del 550% en la vivienda turística en tres años parece estar suscitando un canibalismo de mercado. Y el problema no parece ser la tecnología o las plataformas como Airbnb, sino la laxitud regulatoria. Mientras la hotelería formal genera hasta 2,2 empleos por habitación y asume una carga tributaria pesada, el 90% de las rentas cortas no emplean personal y operan con un Registro Nacional de Turismo (RNT) que el presidente de Cotelco, José Duarte, califica de “laxo y declarativo”. Esta brecha de formalización explicaría por qué el PIB sectorial apenas creció 0,5% frente al 11,3% de expansión de inmuebles turísticos; hay más camas, pero menos valor agregado y menos recaudo para el Estado.
La pérdida de 13 mil empleos formales podría ser la consecuencia directa de una estructura de costos insostenibles. Por ejemplo, el incremento del 21% en nómina por ajustes al salario mínimo y reducción de jornada se suma a la sobretasa del 20% en energía que castiga a una industria de servicio continuo; o el alza en combustibles y la incertidumbre geopolítica, que sin duda han encarecido los tiquetes aéreos, alejando al turista de clase media.
Concordamos entonces con el gremio en cuanto a la propuesta de un IVA diferencial del 5% y la depuración del RNT como medidas de urgencia. Más difícil, recuperar el control del territorio y la seguridad, lo que resulta indispensable.
La presión impositiva, la inseguridad y la informalidad descontrolada son fardos que golpean a este sector, y pueden asfixiar al que se visionó como el ‘nuevo petróleo’ del país.