Habría que leer concienzudamente el reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre los hechos del ‘estallido social’ de 2021 para poder concluir si se trata o no de solo una sentencia judicial o es, además, la autopsia de una acción premeditada.
Si las noticias sobre la providencia son exactas a su contenido, quedaría desmantelada la narrativa romántica de la espontaneidad ciudadana para revelar una realidad mucho más siniestra, al menos en Bogotá: que lo que en la capital se vivió no fue solo un clamor orgánico incontrolable, sino, además, una operación de ingeniería política y violencia fríamente calculada.
La justicia acaba de señalar que el caos que paralizó al país o, al menos, a Bogotá, y que destruyó el sistema de transporte masivo y asfixió la economía, no fue el resultado de una indignación acumulada que desbordó las calles; presuntamente se trató de una estrategia de guerra urbana coordinada por estructuras organizadas vinculadas a las disidencias de las Farc. El fallo documenta una cadena de mando, distribución de roles, financiación y una planificación que solo puede responder a un objetivo mayor.
Lo anterior requiere una respuesta: mientras los líderes del entonces Comité del Paro y figuras de la oposición -hoy en el poder- validaban los bloqueos como ejercicio legítimo de la protesta, en la sombra se gestaba un ataque sistemático contra la institucionalidad.
Es imposible ignorar el oportunismo electoral que rodeó estos eventos. El estallido funcionó como un catalizador de desprestigio institucional que pavimentó el camino hacia la Casa de Nariño en 2022. Si el fallo no sufre revisión, quedaría claro que la violencia no fue un efecto colateral, sino el motor de una estrategia de campaña basada en la desestabilización. La supuesta ‘primera línea’, presentada en su momento como un grupo de jóvenes idealistas, aparece hoy en los expedientes judiciales como una red de reclutamiento bajo directrices de actores armados.
La condena a 19 años de prisión por terrorismo y concierto para delinquir de los implicados es una victoria para el Estado de Derecho, pero deja una pregunta incómoda: ¿quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de que Bogotá y el país ardieran?
La legitimación política de la violencia como herramienta de presión social es una herida que sigue abierta. El fallo del Tribunal probaría que se sacrificaron la convivencia, el comercio y las vidas de ciudadanos inocentes, en el altar de una ambición de poder que disfrazó de revolución social lo que en realidad fue una táctica de insurgencia urbana.
Aquellos que desde los micrófonos incitaban a la resistencia mientras las células criminales ejecutaban el vandalismo tienen hoy una deuda moral y política que la historia y ojalá la justicia termine de cobrar. Si el fallo queda en firme, entonces no fue un estallido; fue un asalto a la democracia.