La entrega consecutiva de obras públicas por parte de la Administración distrital ha reabierto un debate clásico en el urbanismo contemporáneo, centrado en el balance entre el desarrollo de infraestructura física y la sostenibilidad ambiental y social.
Bajo la expresión “la política del cemento” se suele acuñar peyorativamente a aquellos gobiernos que priorizan la construcción de obras civiles en tanto que el cemento genera un impacto visual inmediato. Sin embargo, evaluar las intervenciones actuales en Cartagena bajo un prisma puramente crítico sería ignorar la realidad material de nuestros sectores más vulnerables.
Para una ciudad costera históricamente rezagada, donde vastas zonas periféricas han padecido décadas de abandono institucional, el pavimento no es simplemente material inerte; es dignificación para las familias, singularmente para las más vulnerables. Las calles pavimentadas, canchas y parques, por ejemplo, devuelven la calidad de vida a comunidades enteras. La infraestructura básica tiene una innegable rentabilidad social y humana.
No obstante, la validación final de este modelo depende de la transparencia en la ejecución de los recursos y de su capacidad para integrarse en una planificación sostenible. Cabe, por ejemplo, despejar el temor a que la expansión urbana reduzca las zonas verdes. Ante esto, el paradigma de la “política del cemento” tradicional se rompe con planes como “Cartagena + Verde”, cuya meta es sembrar 300 mil árboles nativos y diseñar jardines biodiversos por todo el Distrito.
Intervenciones como la renovación del Parque de La Marina, orientada a transformarlo en un gran pulmón urbano y espacio público sostenible, junto con la revitalización paisajística de parques comunitarios en distintas comunidades, demuestran que es posible administrar el concreto en armonía con la naturaleza. La combinación de infraestructura vial con restauración ecológica constituye ruta idónea para consolidar un territorio equilibrado.
Sin embargo, para que esta fórmula trascienda y se blinde frente al paso del tiempo, se requiere una lucha frontal contra el hambre y la pobreza, la protección de la infancia y la adolescencia, la guarda de la cartageneidad y una profunda cohesión social donde la comunidad cuide y se apropie de su entorno.
Restando aproximadamente 18 meses para que culmine el actual cuatrienio, el Gobierno distrital se encuentra ante la oportunidad histórica de consolidar su legado. Escuchar las voces de comunidades marginadas que esperan respuesta, y llevar allí modelos como el de “concreto con sello verde” o el de lucha contra el hambre y protección de la infancia, confirmará que la inversión pública no obedece a un afán cosmético, sino a un compromiso real con la equidad, la resiliencia climática y la transformación socialmente sostenible de Cartagena.