A propósito del reciente artículo de nuestro columnista Raúl Paniagua Bedoya, titulado ‘Ya se tienen las herramientas’, en el que se refiere a la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Cartagena por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), lo que se suma a otros instrumentos con los que ya contamos, como los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) para las manifestaciones culturales de carácter inmaterial (Ángeles Somos, las Manifestaciones Asociadas a la Champeta y la Vida de Barrio de Getsemaní), nos unimos a sus peticiones, que recogemos seguidamente.
El PEMP del Centro Histórico pone fin al vacío institucional de 19 años, otro logro de la administración Turbay Paz, gestionado con la Secretaría de Planeación. No obstante, la perspectiva crítica de Raúl invita a reflexionar sobre las causas profundas de esta dilación, sugiriendo la necesidad de que una entidad independiente evalúe los costos de esta negligencia institucional, la cual aceleró la pérdida de la originalidad y la autenticidad del valioso tejido urbano.
El diagnóstico técnico que sustenta este instrumento de planificación evidencia una profunda crisis multifactorial en el sector amurallado. Entre los problemas más severos se destacan el alto riesgo de degradación en las dimensiones materiales, inmateriales y naturales de la zona; el déficit de infraestructura; la falta de coordinación entre los entes públicos para ejecutar políticas de protección efectivas; o las fuertes tensiones socioeconómicas que desplazan las dinámicas residenciales y los modos de vida tradicionales.
Un aspecto jurídico fundamental es la jerarquía del PEMP, el cual posee prevalencia normativa sobre el POT; ante cualquier incompatibilidad técnica o de usos, las directrices del PEMP lo subordinan, lo cual dota al Distrito de una herramienta coercitiva para regular el desarrollo urbano sin ambigüedades. Esta supremacía evita la dispersión de criterios y blinda la zona contra la presión inmobiliaria desmedida. Las acciones prioritarias contemplan el mantenimiento físico de monumentos, la recuperación del espacio público y la gestión de la movilidad sostenible.
Es claro que la aprobación formal del CNPC es solo el cierre de una etapa preliminar. El verdadero reto radica en la implementación gradual que iniciará una vez el Ministerio de las Culturas expida la resolución administrativa.
La sostenibilidad y el éxito de esta normativa dependerán de una gobernanza transversal. Si la administración pública no logra incluir de forma vinculante al sector privado, a los gremios y, fundamentalmente, a las comunidades de residentes y dolientes locales, el espíritu de la norma se diluirá. Y el desafío inmediato será balancear el auge turístico con la habitabilidad real del Centro Histórico.