Tras la segunda vuelta electoral, la transición de gobierno se ha visto inmersa en una álgida controversia institucional. Uno de los detonantes ha sido la postura del senador Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico y excandidato presidencial derrotado en las urnas, quien ha condicionado públicamente el reconocimiento político del nuevo mandatario electo, Abelardo De La Espriella (ADLE), exigiendo que éste cumpla con una serie de aclaraciones y conductas antes de su posesión, el 7 de agosto.
De no acatarse estas demandas, el congresista de izquierda ha amenazado con convocar a sus más de 12,7 millones de electores y al movimiento social a una campaña de desobediencia civil pacífica, con el objetivo explícito de desconocer la autoridad, las órdenes y los mandatos del nuevo jefe de Estado.
La argumentación de Iván Cepeda para justificar lo que califica como un “deber moral de resistencia” se centra de forma primordial en la doble nacionalidad del presidente electo. Cepeda sostiene que, ante un eventual conflicto de intereses o de soberanía, ADLE se vería obligado constitucionalmente a priorizar su lealtad hacia Estados Unidos por encima de los intereses de nuestra República.
A este cuestionamiento principal, Cepeda añade una serie de denuncias que buscan restarle idoneidad y legitimidad al triunfo electoral del mandatario, tales como sus presuntas relaciones con agencias federales de aquel país; o sobre la representación jurídica que brindó a Álex Saab, citando una carta de congresistas demócratas que indagan sobre dichas operaciones, agregando que Trump reconoció de manera pública haber influido directamente en el debate para favorecer su candidatura.
Pero lo que mejor explicaría la posición del senador Cepeda es su exigencia al presidente electo, de desistir de la persecución y de la intención de extraditar al mandatario saliente.
La amenaza de desobediencia civil antes del nuevo mandato es antidemocrática y desestabilizadora, al ignorar la voluntad popular expresada en las urnas. Tal figura no está contenida en la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición, que exige de forma estricta que todas las herramientas de control político ejercidas por las bancadas declaradas en oposición frente al gobierno de turno se canalicen obligatoriamente a través de los procedimientos legales, institucionales y democráticos fijados por el Estatuto, proscribiendo el llamado a infringir o desconocer la ley de forma deliberada.
Se entiende la amenaza como respuesta a las hechas por ADLE contra la libertad de Gustavo Petro; pero es absurdo que la estabilidad durante el próximo cuatrienio se vaya a definir por la situación personal de un solo ciudadano.
Se esperaría entonces que ADLE deje de amenazar a su antecesor, y que éste y el candidato derrotado concedan el beneficio de los primeros 100 días, como es la costumbre republicana.