Si los escándalos que se han revelado en las últimas semanas son más que eso, por los lados del alto Gobierno no se recuerda que la ética pública descansa sobre la premisa innegociable de que los recursos del Estado y las instituciones que los administran son sagrados. No pertenecen al gobernante de turno, ni a su círculo de afectos, ni a las dinámicas del favoritismo personal.
Autores clásicos del pensamiento político y la filosofía del derecho han insistido en que la legitimidad del poder no se agota en las urnas; se valida día a día en el rigor moral con el que se ejerce. Cuando la función pública se subordina a intereses particulares o se degrada en disputas de vanidades y favores, el contrato social se quiebra.
Las denuncias que involucran el presunto tráfico de influencias de figuras como Juliana Guerrero, las acusaciones sobre redes de nepotismo en la Aeronáutica Civil vinculadas a Gabriela Muñoz, y los señalamientos de manipulación contractual en el Fondo Adaptación o en la Ungrd, de ser cierto, exponen un patrón sistemático de erosión institucional.
Desde la teoría de la ética pública, el patrimonialismo, o sea, el uso del aparato estatal como si fuera una hacienda propia para ubicar allegados, conceder cuotas de poder sin idoneidad o beneficiar redes de contactos, representa una de las formas más graves de corrupción ideológica. No se trata solo del desvío cuantitativo de presupuestos en millonarias cifras de contratación directa o traslados presupuestales cuestionados por los altos tribunales; se trata del desmantelamiento del principio de meritocracia y selección objetiva que debe regir la administración del Estado.
A esto se suma la degradación del debate político en la cúspide del Ejecutivo. La confrontación pública con exfuncionarias como Angie Rodríguez, marcada por el uso de información personal sobre salud mental para descalificar denuncias o el cruce recíproco de acciones penales, evidencia una crisis en la magistratura moral de la Presidencia. El uso del poder formal para amedrentar, estigmatizar o desplazar el foco de probidad hacia ataques ad hominem contradice la responsabilidad ejemplarizante que exige la dignidad presidencial.
Lo sagrado de lo público radica en su capacidad de generar confianza ciudadana. Cuando la gestión presupuestal se ve cercada por medidas cautelares del Consejo de Estado, advertencias de la Contraloría sobre desbordes contractuales e investigaciones por falsedad o cohecho en los círculos cercanos al poder, el mensaje hacia la sociedad civil es devastador, máxime como en este caso en que las cosas estarían sucediendo en un gobierno que se postuló como el garante de la moralidad pública, presuntamente atrapado en las mismas dinámicas de clientelismo y abuso de poder que prometió combatir.
Feo cuando la ética sin rigor institucional se convierte en simple retórica.