A propósito del penúltimo artículo de nuestro columnista Jhorland Ayala García, titulado ‘La Troncal, buzón de peticiones’, en el que plantea que hemos construido un sistema donde las vías de hecho parecen producir más resultados que el funcionamiento normal de las instituciones, es pertinente rubricarlo ante la realidad de que el panorama vial en Bolívar y Cartagena se ha convertido en escenario de una sociopolítica recurrente, consistente en que las carreteras del país se han transformado en el mejor escenario de negociación efectiva entre la ciudadanía y el Estado.
Lo sucedido en La Cordialidad por las obras complementarias del intercambiador vial de La Carolina, así como los constantes cierres en la Troncal de Occidente en municipios como San Jacinto o El Carmen de Bolívar, demuestra cómo las vías de hecho pasaron de ser un recurso extraordinario de protesta a convertirse en una herramienta estratégica institucionalizada, efectiva y permanente.
La crítica de fondo no recae únicamente en las comunidades que acuden a las vías de hecho; también en la dinámica burocrática del propio gobierno, singularmente el nacional, pues la experiencia enseña a los ciudadanos que los canales institucionales, como los derechos de petición, las mesas técnicas, o las promesas de campaña, terminan archivados en la parsimonia de la contratación pública. Solo cuando el flujo económico y vehicular se paraliza, los funcionarios se desplazan al territorio con soluciones y cronogramas.
El reclamo en La Cordialidad expone la percepción de que las obras avanzan con celeridad para sectores de mayor poder adquisitivo, mientras que la infraestructura vital para las comunidades vulnerables, como el Puente de La Balsa, queda supeditada a trámites interminables. La falta de ejecución contundente convierte la paciencia pedida por la administración en un concepto desgastado.
Aunque la demanda social sea justa y el abandono sea real, la estrategia del bloqueo genera un daño sistémico indudable. Castiga de forma directa a comerciantes informales, trabajadores, estudiantes y transportadores que no tienen responsabilidad sobre el incumplimiento estatal. Adicionalmente, vulnera el derecho a la libre movilidad y transgrede el marco legal, dinamitando la convivencia entre los mismos ciudadanos, más la afectación severa a la economía local, el desabastecimiento, retrasos en transporte y pérdida de ventas.
Colombia ha caído en un círculo vicioso peligroso. Mientras las instituciones reaccionen únicamente ante la crisis y la interrupción del orden público, seguirán educando a la sociedad en que el diálogo civilizado es inútil y que el chantaje de la movilidad es el único lenguaje que la burocracia entiende. Para romper este ciclo, el Estado debe recuperar la capacidad de actuar con prevención y efectividad, y no por mera reacción ante el caos.