Durante estos tres días que quedan de mandato de la fórmula Petro - Márquez destinaremos este espacio para presentar un resumen de lo bueno, lo malo y lo feo de este cuatrienio, comenzando por este editorial, sobre lo bueno.
Consideramos, de cara al 7 de Agosto, que el balance sobre el saliente gobierno no puede reducirse al ruido del debate político, pues detrás de la confrontación institucional y los vaivenes presupuestales, la primera administración de izquierda dura en la historia reciente del país deja transformaciones en la política social que, con independencia de las afinidades ideológicas, representan conquistas para sectores históricamente postergados.
Un logro visible de este cuatrienio reside en la contención de los indicadores de vulnerabilidad social. Las cifras oficiales evidencian que la pobreza monetaria descendió del 38% al 25%, lo que se traduce en que cerca de cuatro millones de colombianos salieron de la pobreza extrema. Este resultado no fue fortuito; obedeció a un viraje deliberado en la política salarial y a la consolidación de subsidios directos a poblaciones desatendidas, como los adultos mayores.
En materia educativa, la administración saliente deja un precedente de envergadura. La transición hacia la gratuidad en la educación superior dejó de ser una promesa de campaña para convertirse en un derecho garantizado por ley, inyectando recursos a las universidades públicas y beneficiando a más de un millón de jóvenes. La reforma al modelo de financiamiento de la Ley 30 y la ampliación de la oferta universitaria hacia 427 municipios mediante la estrategia de conectar la educación media con la superior lograron matizar la brecha territorial. Asimismo, en la primera infancia, la cobertura en educación inicial dentro del sector oficial pasó de 600 a más de 6.400 sedes.
En el plano económico macro, pese a las severas presiones fiscales, el Ejecutivo asumió la responsabilidad de sanear desequilibrios complejos, tales como la paulatina eliminación del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el impulso a las exportaciones no tradicionales. Instituciones crediticias estatales como el Banco Agrario demostraron resiliencia operativa, desembolsando más de $45 billones para apalancar el crédito de pequeños productores rural sin degenerar en una ventanilla de asistencialismo a fondo perdido.
Pero, a un dudarlo, lo más relevante es que el gobierno que concluye tuvo el mérito indiscutible de haberle dado vocería y centralidad a las periferias, a los pobres históricos, las etnias y minorías. Por eso, el reto mayor de la administración entrante consistirá en mantener y perfeccionar ese compromiso y las herramientas de equidad social que, al haber demostrado su utilidad, dejen de pertenecer a un movimiento político para convertirse en patrimonio del Estado.