A un paso de la entrega formal del poder mañana 7 de agosto de 2026, el primer gobierno reciente de izquierda dura llega a su fin despojado de la bandera con la que conquistó el poder: la superioridad moral. El desenlace de este cuatrienio no solo está marcado por frustración de expectativas populares, sino por una degradación institucional caracterizada por escándalos de corrupción, nepotismo, desacato democrático y un uso personalista del poder público.
El epílogo de la administración saliente ha estado dominado por las sórdidas revelaciones sobre redes de tráfico de influencias enquistadas en la Casa de Nariño, ministerios y entidades descentralizadas. Los casos de las hermanas Guerrero, acusadas de cobrar millonarias comisiones para el trámite de contratos oficiales, sumados a las denuncias de presunto nepotismo en la Aeronáutica Civil vinculadas a allegados al poder, retratan la misma política de presuntas componendas que el progresismo prometió erradicar. La respuesta del mandatario saliente ante estos hechos rozó la indolencia, pues mientras defendió a las implicadas argumentando que fueron engañadas, atacó con descalificativos y la divulgación de diagnósticos médicos reservados a sus propias exfuncionarias, como Angie Rodríguez, cuando estas decidieron denunciar el descalabro.
A esta feria de recursos se suma el festín contractual desatado tras el levantamiento de la Ley de Garantías, que precipitó la firma acelerada de más de 14 mil contratos, la inmensa mayoría directos, por más de $4,5 billones en su último mes de gestión. Los saqueos detectados en la Ungrd, presuntos desfalcos en la Fiduprevisora y de irregularidades en giros presupuestales suspendidos a última hora por el Consejo de Estado revelarían un desprecio absoluto por la transparencia y los principios rectores de la contratación pública.
Pero el matiz más peligroso de este cierre de mandato reside en el quiebre de la ética republicana. El presidente se despide desconociendo las reglas del juego democrático, al utilizar las tribunas oficiales para proclamar la teoría de un “fraude algorítmico”, deslegitimar los resultados electorales que eligieron al mayor oponente e incitar a una “resistencia” que confunde la majestad de la jefatura de Estado con la agitación de partido. El abandono del recinto del Congreso sin escuchar las réplicas de la oposición cerró de forma despectiva un estilo de gobierno caracterizado por la victimización y el señalamiento al disidente.
El movimiento que prometió transformar las costumbres políticas de la nación termina enlodado en las mismas prácticas que tanto criticó. El país tardará años en recuperarse de la desconfianza institucional sembrada por una administración que reemplazó el rigor de la gestión pública por el favoritismo, la intolerancia y el que es el más grave daño de todos los perpetrados: la aversión hacia la Unidad Nacional.