Con el inicio de la nueva administración nacional, Cartagena y Bolívar vuelven a armar sus carpetas de peticiones. Como ha sido costumbre, los editoriales de El Universal y los documentos de entidades como el Consejo Gremial, la ANDI Seccional, la Cámara de Comercio, entre otras tantas, delinean las grandes prioridades, como la restauración del Canal del Dique, el nuevo aeropuerto en Bayunca o los programas de inclusión productiva para la población más vulnerable.
Sin embargo, antes de comenzar el viaje hacia Barranquilla debemos respondernos una pregunta inaplazable: ¿hemos logrado ponernos de acuerdo sobre qué es lo verdaderamente indispensable?
La historia demuestra que la mayor debilidad de Cartagena frente al poder central no ha sido la falta de proyectos técnicos, sino la atomización de sus liderazgos. Cada inicio de cuatrienio se convierte en un desfile donde gremios, comunidad y autoridades presentan agendas fragmentadas. Mientras el sector empresarial empuja grandes obras, las comunidades de Olaya Herrera, El Pozón o Nelson Mandela reclaman que se atienda la deuda social y la informalidad.
Esta falta de articulación le cuesta caro a la ciudad. Cuando el Gobierno recibe una lista de mercado dispersa, selecciona únicamente lo que se ajusta a su conveniencia política o presupuestal, dejando de lado la visión integral de desarrollo del territorio. Es hora de romper este círculo.
La tesis que debemos defender es que el primer gran proyecto de Cartagena no es una obra de cemento, sino la construcción de un consenso local vinculante. Ponernos de acuerdo no significa renunciar a iniciativas, sino darles un orden lógico de prioridad y ejecución.
Tomemos los ejes claves en los que hay consenso, como el proyecto de restauración del Canal del Dique como prioridad ambiental y logística innegociable, cuya ejecución debe ligarse al desarrollo de las comunidades de su vasta zona de influencia; el nuevo aeropuerto, como clave para la competitividad turística, industrial, empresarial y logística a futuro; y la productividad general, que incluye la formalización, el microcrédito y los servicios básicos en sectores vulnerables como condición transversal de cualquier macroinversión.
Podría ser bajo la coordinación de la Cámara de Comercio que la Alcaldía, la Gobernación y los voceros comunitarios, gremiales y de la academia conformen una Mesa Unificada de Priorización, incluyendo también la vigente Ley del Sitio, que amerita un próximo editorial.
Presentar un bloque sólido ante el presidente De La Espriella es la única forma de garantizar que los recursos nacionales se inviertan con criterio de equidad. Y la pelota no está en Bogotá, o en Barranquilla, sino en la cancha de nosotros, los cartageneros. Antes de pedir respuestas afuera, demostremos madurez política para ponernos de acuerdo en casa.