Durante décadas, la protección de los animales en nuestras ciudades ha sido una causa sostenida a fuerza de voluntariado. Rescatistas independientes, fundaciones ahogadas en deudas y ciudadanos empáticos han asumido solos la enorme tarea de alimentar, curar y buscar hogar a miles de seres sintientes, víctimas del abandono.
Esta labor, profundamente noble, ha revelado sin embargo una fisura estructural. La compasión individual, por más infinita que sea, resulta insuficiente si no cuenta con el respaldo decisivo y normativo del Estado. La protección animal no es un asunto de caridad privada ni un mero pasatiempo ético; es una dimensión fundamental del bienestar social, la salud pública y la cultura cívica.
Cuando el Estado se mantiene al margen, transmite el mensaje peligroso en cuanto a que la crueldad es tolerable y que la vida de los vulnerables carece de valor institucional. Por el contrario, cuando las administraciones públicas asumen el bienestar animal como un pilar de su agenda, se consolida una sociedad más justa, consciente y pacífica.
El reciente paso dado en Cartagena de Indias con la aprobación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal es un ejemplo claro de cómo la institucionalidad debe alinearse con las demandas éticas del siglo XXI. En cumplimiento de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), el Concejo Distrital dio luz verde a un instrumento financiero y administrativo loable para la ciudad.
Lo valioso de este Acuerdo no radica únicamente en la creación de una cuenta especial, sino en el mensaje político y normativo que envía. Por un lado, los recursos provenientes de las sanciones y multas impuestas por maltrato animal ya no se perderán en la burocracia, sino que irán destinados directamente a financiar programas de esterilización, atención veterinaria y educación ciudadana. Por el otro, con una Línea Antimaltrato que recibe entre cinco y diez denuncias diarias en Cartagena, quedaba en evidencia que el problema había desbordado las capacidades de la red de protección voluntaria.
Proteger a los animales desde el Estado también es una estrategia transversal de salud pública y prevención de la violencia. Un programa estatal de esterilización y vacunación previene la sobrepoblación en calle y frena el contagio de enfermedades zoonóticas. Asimismo, múltiples estudios en criminología señalan que la violencia hacia los animales es el primer síntoma de un tejido social fracturado. Quien aprende a empatizar con el sufrimiento de un animal difícilmente tolerará la agresión hacia sus semejantes.
Cartagena ha marcado una pauta; el reto ahora será garantizar que este fondo se ejecute con transparencia, celeridad y participación cívica. La protección animal dejó de ser una causa aislada de unos pocos para convertirse en un deber ineludible del Estado y una victoria de toda la ciudadanía.