Las recientes revelaciones sobre los presuntos intercambios de mensajes entre el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, y el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, abren un turbio capítulo en uno de los entramados de corrupción más graves del país.
Las filtraciones en Cambio, de ser ciertas, expondrían una preocupante dinámica de tráfico de influencias, manejo oscuro de recursos multimillonarios y una promiscua cercanía entre la alta magistratura, el Poder Ejecutivo y una entidad distorsionada para servir al saqueo del erario.
El trasfondo resulta institucionalmente alarmante. En diciembre de 2023, cuando se habrían suscitado las conversaciones, Fernández se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia y estaba a punto de asumir como magistrado de la Corte Constitucional. En ese trance, los presuntos mensajes lo mostrarían actuando como gestor político ante el exdirector de la Ungrd, justo cuando la entidad recibía una adición presupuestal de $700 mil millones. Parte de este dinero pudo terminar desviado en la contratación de los carrotanques y jagüeyes de La Guajira.
Si fueren ciertas, el tono de las conversaciones riñe con los principios de transparencia y ética pública. Frases como “Ya le conté todo al jefe” o la propuesta de coordinar “pa’ decirle al jefe qué hacemos” ante decisiones de la Contraloría que amenazaban a López, salpican la figura del entonces presidente Gustavo Petro. Aunque la Fiscalía califique la información como “descontextualizada”, la gravedad de las alusiones no admite eufemismos. Que el articulador jurídico del Estado y futuro guardián de la Carta Política sirviera de asesor a un funcionario salpicado de corrupción, usando la figura presidencial como respaldo, compromete seriamente la legitimidad institucional.
El asunto erosiona la integridad del sistema judicial. La Corte Constitucional es el máximo tribunal garante del Estado de Derecho. La presencia de un magistrado que, en la víspera de su posesión, habría intermediado recursos públicos y orientado a implicados en desfalcos, deteriora la confianza ciudadana en la justicia. No basta con argumentar que los chats no prueban un delito del mandatario; la sola sospecha de manipulación institucional para blindar redes clientelares menoscaba la credibilidad de los involucrados.
Frente a la gravedad de las evidencias, el magistrado Vladimir Fernández no puede ampararse en el silencio. Es un imperativo ético y democrático que rinda explicaciones públicas y prontas sobre la naturaleza de sus vínculos con Olmedo López, el alcance de las gestiones presupuestales que adelantó para la Ungrd y el sentido exacto con el que involucró, si lo hizo, al presidente Petro en dichas conversaciones.
¡La dignidad de la Corte Constitucional exige una aclaración ineludible de su conducta!