La informalidad y la desregulación en la prestación de servicios turísticos continúan representando uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad institucional, ambiental y económica de Cartagena.
Dos frentes de acción revelados recientemente por las autoridades locales y nacionales evidencian tanto los vacíos históricos en el control de las actividades marítimas e insulares, como la conducta recurrente de los cobros excesivos que atentan contra los visitantes en las zonas urbanas y de playa.
En cuanto al ordenamiento de embarcaciones y parques nacionales, se recibe con beneplácito que el Distrito y Parques Nacionales Naturales estructuren la creación del Comité Pro-Islas, un espacio de articulación que integrará al Ministerio de Ambiente, Dimar, Cardique y comunidades locales para regular el zarpe hacia las Islas del Rosario, Barú y Tierrabomba.
La iniciativa responde a la proliferación de marinas, muelles y embarcaderos informales o no caracterizados, desde donde parten diariamente cientos de turistas sin tributar el impuesto de ingreso a las áreas protegidas, gravamen que hoy solo se recauda de forma rigurosa en el Muelle La Bodeguita. La estrategia busca caracterizar los puntos de salida habilitados, instalar señalización y boyado protector de arrecifes, y exigir el cumplimiento estricto de seguros y licencias por parte de operadores náuticos.
Y en cuanto a los mecanismos tecnológicos contra abusos tarifarios, ya en el plano urbano, no es extraño que la herramienta virtual Cívik (de Titán Chat y Distriseguridad) haya registrado hasta ahora 45 reportes por presuntos cobros excesivos a turistas, logrando gestionar con éxito casi la mitad de los casos y conseguir la devolución de dinero en situaciones mediáticas, como el cobro de $400.000 por dos piñas coladas en Bocagrande.
Ante la habitualidad de los abusos, más control para blindar la reputación y la seguridad del destino resulta imperativo, pues la informalidad no es sólo un problema social o una simple contravención administrativa; es un desafío concreto y directo a la integridad de los viajeros y al prestigio nacional e internacional de Cartagena.
Permitir el funcionamiento de embarcaciones sin requisitos de ley, muelles clandestinos o vendedores que especulan con precios abusivos degrada la experiencia del visitante y destruye la confianza en el destino.
Para evitar un daño irreparable en la imagen de la ciudad y reducir los riesgos de accidentes marítimos o estafas en las playas, se requiere implementar procesos de capacitación profundos y generalizados al mayor número de trabajadores informales, elevar el pie de fuerza de inspección, aplicar sanciones ejemplares e institucionalizar un control integral y permanente que proteja al turista y garantice la sostenibilidad de nuestro patrimonio natural, económico y cultural.