Las grandes crisis y emergencias ponen a prueba las capacidades de respuesta institucional de un país; por eso, también revelan el carácter de sus líderes sociales y económicos.
La reciente movilización del sector empresarial, congregado en su más reciente encuentro gremial en Cartagena, nos deja una lección contundente en cuanto a que, cuando reina la armonía entre el Gobierno Nacional y el aparato productivo, la capacidad de respuesta frente al dolor del pueblo no solo se acelera, sino que se potencia a escalas remarcables.
Durante los últimos cuatro años se quiso construir una narrativa de antagonismo entre la iniciativa privada y la función social del Estado; sin embargo, la solidaridad expresada hasta la fecha por el empresariado colombiano, o individualmente, o por medio de las familias controlantes de distintos grupos económicos, o por medio de sus gremios, como ocurrió la semana pasada durante el Congreso Empresarial de la Andi, derrumba ese falso dilema, demostrando que el sector productivo no opera de espaldas a la realidad social, sino que es un actor fundamental para aliviar las necesidades más apremiantes de las comunidades vulnerables y damnificadas.
Los datos hablan por sí solos y reflejan una generosidad sin precedentes. Por ejemplo, la Andi destinó de manera directa 2.000 millones de pesos, el valor equivalente al 50% de las inscripciones del propio Congreso, convirtiendo un evento institucional en una plataforma inmediata de recaudación y alivio. Inspirados por esta causa, los miembros del gremio movilizaron un fondo extraordinario que ascendió a $200.000 millones, demostrando la capacidad de articulación y la magnitud del impacto cuando el empresariado se une por un propósito común.
A nivel local, la Seccional Andi Cartagena y sus empresarios sumaron en esos mismos tres días de encuentro una bolsa adicional de $1.300 millones, reafirmando su arraigo y sensibilidad con los damnificados de la región.
Este gran encuentro de solidaridad debe marcar un punto de inflexión. El buen tono dado por algunos empresarios cartageneros debe servir de ejemplo a otros que pueden aún aportar más, considerando las utilidades que acumulan y la odiosa pero inevitable comparación con grupos económicos y familias de otras ciudades del país.
No sólo es el valor monetario de estas cifras; es también transformador el mensaje político y social que envía. La voluntad de coordinar esfuerzos con el Ejecutivo en un ambiente de entendimiento demuestra que el desarrollo social no es una tarea exclusiva del Estado ni un esfuerzo aislado del sector privado.
La eficiencia, la logística y la capacidad de gestión del empresariado, combinadas con la legitimidad y la visión distributiva de la política pública, conforman la fórmula más potente para atender la tragedia social.