La renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), tras 13 años al frente del gremio más influyente del país, señala un incomprensible quiebre en las relaciones entre la representación institucional del sector privado y el Poder Ejecutivo.
Aunque la narrativa del ministro del Interior pretenda despachar la salida como un simple “acto autónomo e interno”, las evidencias y las propias palabras del dirigente saliente llaman a inferir el probable veto gubernamental, de facto, impulsado desde la cúpula, como condicionando la interlocución institucional a quién ostente el cargo gremial.
El trasfondo de este desenlace configura un indeseado incidente para la democracia liberal y el Estado de Derecho. Si fuere cierto que ha habido una indicación dirigida a cercar operativamente a la ANDI, impidiendo reuniones de ministros con su directiva, aislando al gremio en las discusiones de política pública y propiciando fracturas internas que llevaron al retiro o anuncio de retiro de varias empresas, es realmente desconcertante.
El Gobierno no puede proclamar la defensa de la libre empresa permitiendo que corra el mensaje de que está agrietando la libertad de asociación, al imponer con quién se sienta a conversar. Es indeseable que se propague la especie de que el Gobierno decide quién continúa o no en un cargo del resorte del sector empresarial, y es impropio ceder ante la presión, pues ello no alivia el cerco, sino que fija un precedente aciago según el cual la independencia técnica y crítica de una vocería gremial termina supeditada al sometimiento frente al poder de turno.
El Gobierno debería aclarar las cosas para que la salida de Mac Master no se lea como un triunfo político del Ejecutivo o como un ajuste de cuentas personal, pues con esta versión no se logra sino una derrota para la respetabilidad de la máxima magistratura, pues esta derivaría de quien tiene el poder estatal, del presupuesto, las decisiones y de las armas legítimas, y no de quien ha llegado a la máxima distinción de la Nación para servir con desprendimiento de pasiones subalternas a sus gobernados.
La fortaleza de un sistema democrático no se mide por la capacidad de los gobiernos para acallar la discrepancia o vetar interlocutores, sino por su disposición a construir consensos en medio de la diferencia.
A estas alturas no se sabe cuál es la razón que ha llevado las cosas a este límite. Conviene que el vocero de Palacio dé a conocer la causa, para determinar si su origen es de un hecho personal grave, que haría comprensible el distanciamiento; o si es un asunto con la Andi; o si es un repudio a las instituciones gremiales, o no es atribuible al Gobierno.
No es sano que este incidente quede bajo el manto de la duda, pues daña la percepción de sensatez institucional que tanto se echaba en falta. Que prime la concordia y el diálogo, es lo deseable.