A no dudarlo, a nivel internacional ningún otro fenómeno social le propinó más daño a la apreciación del mandato de Iván Duque Márquez que el asesinato, los atentados, el hostigamiento y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
A pesar que se esperaba de los acuerdos de paz suscritos con las Farc una reducción paulatina de esa tragedia personal, familiar y social, lo cierto es que esos hechos horribles se dispararon en el país, causando, de paso, una depreciación profunda de la percepción del sistema democrático colombiano por fuera de nuestras fronteras.
En su momento, durante el anterior Gobierno Nacional, desde El Universal se dijo que no existía una anomalía en el alma de la nación que más reproche produjera que las masacres, sobre todo en las que eran víctimas líderes sociales, al punto que a nivel político, para las organizaciones sociales, las agencias de Naciones Unidas o las organismos no gubernamentales de amplia capacidad de influencia, ese daño era superior incluso al desprestigio persistente del país como gran productor y exportador de drogas ilícitas.
De hecho, de entre los temas que más le valieron críticas de la oposición de izquierda al anterior Gobierno era este, del asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, al punto que por momentos se esparcía la especie de que se trataba de crímenes de Estado, como si esos homicidios fueran ordenados desde Bogotá.
Por supuesto, conociendo el talante democrático del presidente Duque y la vocación civilista de las Fuerzas Militares de Colombia, era impensable que se tratara de una orden estatal, y resultaba patente que fuerzas oscuras eran realmente las responsables de esos atentados. Incluso, como en el caso de los falsos positivos, en lo que por más acusaciones que se dirigían desde sus opositores sobre el gobierno de Álvaro Uribe, no cabía en la mente de las mayorías del país que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con su jefe de entonces, hubieran adoptado esa execrable práctica criminal o la hubiesen animado o tolerado.
Lo que viene ocurriendo bajo el mandato del presidente Gustavo Petro es una prueba fehaciente de que esos crímenes no son consecuencia de una política de Gobierno, como lo afirmaban expresa o tácitamente algunos de quienes tienen hoy a su cargo la responsabilidad del Estado.
Uno de los beneficios que encontrábamos en el giro hacia la izquierda que dio el país, sobre todo bajo un Gobierno que profesa la paz como su valor fundante, era la terminación o disminución de esos crímenes. No ha sido así.
Para contar solo noviembre de este año, 10 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. Y esa cifra podría sobrepasarse en este diciembre. Seguramente ahora el presidente y su ministro de Defensa saben quiénes los han venido asesinando. Y no es el Estado.