El ataque masivo que padecieron decenas de instituciones públicas y particulares dejan al descubierto lo deficientes que estamos en materias tecnológicas y en innovación.
Es inevitable que los miserables de siempre ataquen con virus maliciosos los servicios de comunicación, servidores y plataformas de gobiernos, entidades públicas, privadas y de personas individuales. En tal sentido, no puede haber crítica al Gobierno colombiano e IFX Network, la compañía de servicios de comunicación y plataformas digitales contratada hace años por el Estado para prestar esos servicios, de los ataques recibidos. Pasa en todas partes.
Cosa distinta es la evidencia en la que han quedado Gobierno e IFX Network por los efectos y el manejo de esta, más que previsible, crisis informática, que ha paralizado buena parte de los servicios que el Estado brinda a sus ciudadanos.
Aunque no causó gran sorpresa la parálisis tecnológica que provocó este ataque masivo, sí la reacción incoherente entre las distintas entidades públicas, lo que no hizo sino agravar el daño a la normalidad de las actividades y relaciones dentro del Estado y de este y sus funcionarios con los particulares.
Es inaudito que solo cuando se recibió el malicioso, pero exitoso ciberataque, fue que las partes (Gobierno, prestador de los servicios y entidades oficiales afectadas) se pusieron de acuerdo para activar un plan de contingencia que mitigara los efectos producidos por el ataque cibernético del que fue víctima aquella empresa. Lo correcto habría sido que ese plan de contingencia estuviera debidamente aprobado por las partes y compartido con las entidades públicas, para que fuera rápida su implementación y no hubiera margen a la sucesión de errores que los ciudadanos percibimos tras el suceso, y que llevaron a que más de 50 organizaciones públicas y privadas solicitaran el “apoyo” del Gobierno.
Para el futuro inmediato, y apenas salgamos de la actual crisis, es pertinente que el plan de contingencia no solo sea conocido y validado por todas las entidades oficiales; también se requiere que haya protocolos claros de cómo actuar frente a los ciudadanos, con mensajes diáfanos sobre el alcance de las medidas y la protección de los derechos y el ejercicio de los deberes ciudadanos.
Por ejemplo, no puede ser que, a pesar de la orden de suspensión de términos dada por autoridades superiores, varias oficinas públicas continuaron ejecutando actividades restringidas, para perplejidad de los ciudadanos, que no sabían si era o no obligatorio acudir a las citas virtuales programadas, pero que no debían realizarse.
También se debe aclarar a la opinión quiénes son los controlantes de IFX Networks, y revisar de qué manera el Estado puede tener mayor control sobre semejante responsabilidad de gestionar información y servicios infinitamente valiosos para la República.
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