La juez quinta de control de garantías de Bogotá determinó que existen méritos para privar de la libertad a seis personas involucradas en la supuesta venta irregular de tierras de propiedad de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, y con la cual se iba a indemnizar 63 campesinos que habían resultado perjudicados por el paso de líneas de alta tensión.
Los cobijados con la medida de aseguramiento son el notario décimo de Barranquilla para la fecha de los hechos (2009), Álvaro Ariza; la registradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el juez primero promiscuo de Mompox, Orlando Puello; el particular, Luis Alberto Ballestas; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el exgerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza.
Todos ellos señalados de incurrir en los delitos de de concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Fadul será traslada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor y el resto de procesados a La Picota, las dos ubicadas en la capital del país.
